Por Jaime Egüez, socio del Club de Ejecutivos del Paraguay.

Es interesante entender un proceso que se viene desarrollando --con sus aciertos y con sus defectos-- en la construcción de una nueva manera de administrar la República del Paraguay. Hasta el momento entendíamos que la administración de la República estaba distribuida en tres poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con su rol y representados por personas específicas, y digo esto porque no hay que entender cada Poder como un ente abstracto sin rostro, sino que son poderes que tienen seres humanos identificables tomando decisiones que nos afectan a todos como Ciudadanos.

Estas personas, dependiendo de su rol, dentro de cada poder son elegidas por votación. Esto es, la elección por mayoría de la población, la que los elige para desempeñar una tarea por un tiempo determinado. Estas personas tienen un marco de acción y un marco de medición de su desempeño. Pero también tienen acceso al Poder, que no es más que la capacidad de imponer su criterio personal en una acción determinada sobre una estructura vigente. Tienen acceso a ejercer el poder para hacer el bien o para hacer el mal, y si bien tenemos un Poder Judicial que debe determinar cuál acción está dentro de lo que denominamos el bien común y el cumplimiento de este marco que es la Ley vigente para todos, no todas las veces esta famosa Justicia llega a ser verdad.

En todo este tiempo de vigencia democrática hemos aprendido que tener el Poder trae consigo una tremenda atracción a realizar acciones que nos son específicamente aceptadas como buenas, o por lo menos sujetas al marco legal, sean estas personas de todas las instancias de cualquier estamento de Responsabilidad de Gestión. La innumerable cantidad de imputados a la fecha, que son parte de los Poderes del Estado, es hasta apabullante para una estructura tan pequeña como la de nuestro país. La percepción general es que se comete algún tipo de ilícito en todas las instancias públicas de poder.

Ante esto aparecieron lo que se denominó el cuarto poder, el contralor mediático en la que se convirtieron los medios sean estos escritos, radiales o televisivos. En general este cuarto poder entendió que podía instalar en la agenda pública un tema determinado bajo la insistencia de una publicación, lo que permitió generar espacios adicionales de discusión y de consensos forzados. Los medios también supeditaron esta agenda en parte a intereses sectarios. Por esto uno podía leer en las portadas posiciones totalmente antagónicas. No se publica la información, se instalaba una opinión.

Pero con la incursión de Internet y las redes sociales comenzó a gestarse un grupo de contralores ciudadanos. Los que también ejercen presión. Pero lo importante es la legalidad. Y en ese sentido hay que decir que existe un cansancio sobre la impunidad, que se manifiesta en el país. Y es así que el juicio ciudadano activo es el nuevo actor en la validación de una figura pública representativa.

Artículo publicado el 08-09-2018 en el diario La Nación