Por Luigi Picollo, socio del Club de Ejecutivos.
En estas elecciones volvemos al tema de cómo podría el sector privado influenciar la agenda pública y hasta “participar” del gobierno. Peter Drucker dijo “la mejor forma de predecir el futuro es crearlo”. Una alternativa es que los empresarios pasen a integrar los equipos de gobierno. Pero esta opción trae duras complicaciones que pocos se percatan.
Toda persona que pasa a ser parte del gobierno, aunque sea nombrado como asesor ad honorem, se convierte en un PEP, Persona Expuesta Políticamente, un tema muy complicado para la realidad de un empresario. La Resolución N° 50/2019 de la SEPRELAD aprueba el reglamento de identificación de PEP, impone medidas para el control de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ya su definición es indignante), afecta a todas las transacciones que realice la persona incluyendo sus parientes (en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad), aparecen más formularios que firmar, más declaraciones juradas que van desde comprar un vehículo a pedir una visa. Y más investigación y burocracia, pues el sistema financiero realiza controles mucho mayores, haciendo que lo cotidiano se complique en extremo. La categoría de PEP no se extingue al salir del gobierno, ya es de por vida.
Desde las declaraciones juradas de bienes personales hasta cualquier información privada pasan a ser sabidas. Todo cae en el recuento público, más aún en un país donde nada es secreto, y si se requiere el derecho a réplica, ya es demasiado tarde. Este agresivo escrutinio que afecta a la vida pública no existía hasta hace poco, estremece y ahuyenta hasta a quienes llegan con las mejores intenciones de promover cambios constructivos en el Estado.
La opción pragmática e incluso ética no es integrar el gobierno, sino ser miembro activo de un “equipo de presión” profesional que inspire verdadero respeto, credibilidad y busque sinceramente el bien común. Donde los egos se dejen de lado, se fomente la competencia leal, las posiciones dominantes tengan el mismo peso que los demás competidores. El concepto de “equipo” debe predominar sobre la amistad de alguien con el gobernante o la fuerza bruta de un grupo económico. El objetivo del equipo es identificar y recomendar la eliminación de todas las trabas burocráticas, trámites innecesarios en los entes públicos, que impiden el libre crecimiento del sector privado. Hoy necesitamos crecer lo más rápido posible para salir del alto endeudamiento, estagnación, inflación y pobreza.
La justificación de esta fórmula es simple: el gobernante que suba será rehén de un codicioso entorno político y más de los 320,000 funcionarios públicos sindicalizados, inamovibles y estables. Ningún gobernante en el pasado ha cambiado el funcionamiento del Estado ni lo podrá a hacer, ni siquiera lograr su eficiencia. En este próximo periodo presidencial, la actual fórmula donde el Estado se endeudaba para ejecutar inversiones terminó. Y al faltar dinero, el ajuste vendrá por una menor o nula inversión. Entonces solo queda que el sector privado crezca rápidamente de forma que el Estado pese menos en la suma del todo.
Los grupos de presión desde la auténtica sociedad civil deberán antes enseñar y luego obligar al gobernante a gestionar mejor la economía, para que la máquina del Estado intervenga lo menos posible, y deje que el mercado sea lo más libre y eficiente. Existe un gran potencial de crecimiento y con dejar de impedir que se eliminen gestiones improcedentes y trámites obsoletos. Que el mercado decida la propuesta ganadora, no la burocracia con sus permisos, habilitaciones, homologaciones, certificaciones, autorizaciones y demás aforismos.
El progreso puede ser creado desde afuera del gobierno, haciendo presión para que este se achique no en empleados, pero en decidir lo que no sabe, no le corresponde, y hoy lo hace obsoletamente mal.