Por Jaime Egüez, director del Club de Ejecutivos.

Es importante para nuestra nación, sobre todo a fin de que podamos avanzar y superar las enormes limitaciones que tenemos como sociedad y país, que nos pongamos como objetivo el tener una actitud transparente, franca, directa. Tener posiciones denota carácter, valores, confianza.

Estamos inmersos en una coyuntura social donde escuchamos y participamos de situaciones que no son adecuadas ni defendibles bajo ninguna normativa ética o moral y ni que decir legal. Entre los privados no decimos nada ante el soborno en el área privada, que increíblemente no está penado en nuestra legislación civil o penal. Esto permite que tengamos una especie de actuación en la sociedad donde podemos presentar una imagen que, en determinados momentos, el actuar no es transparente. En definición práctica, lo que calificamos ser hipócritas.

Ante varias iniciativas de la sociedad se han avanzado en documentos sobre la integridad, la ética y las buenas prácticas empresariales, en especial con el Gobierno. Pero ninguna de estas acciones han dado frutos en la estructura de gastos del Gobierno paraguayo, sean anteriores o lo que va del actual. La vocación enunciada por el mismo Presidente relativa a la decisión de transparentar cualquier situación que amerite el escrutinio público es un gran paso y lo aplaudo. La decisión de incidir desde el mismo Poder Ejecutivo en anular y bloquear licitaciones que no tengan el rigor básico de transparencia es una decisión correcta en este sentido, tal como lo hemos visto esta semana.

Ahora es importante que los mismos ministros se comprometan a usar su propio sentido común y enfrenten con una decisión fuerte la necesidad de mejorar el gasto en todo el Gobierno. Se acabó la fiesta en el país. La primera iniciativa de propiciar y promulgar la Ley de Transparencia Pública, gestionada por el anterior Gobierno, es el mazo de hierro que tiene a disposición el actual Gobierno para golpear con firmeza los bolsones de agentes privados y públicos que están básicamente lucrando para sus bolsillos con el dinero que debía ser usado para el medicamento de Ña Juana o de Karai José, que necesitaba que su hijo tenga una beca para poder salir de la pobreza.

Cada vez que un acto de corrupción, un acto de defraudación clara con dinero que gestiona el Gobierno, sea de fuentes locales como los impuestos o de préstamos del exterior que deberemos pagar sí o sí en algún momento, exige la máxima rigurosidad en su uso y aplicación.  Y personalmente creo en que esta lucha puede tener ganadores, porque he sido testigo de grandes procesos liderados por ministros patriotas, por funcionarios dignos y empresarios honestos que han aportado obras, y servicios bajo un régimen de competencia y de mejores precios. Sí se puede ganar plata siendo correcto. “Lo que no se puede hacer es pelear contra los deshonestos cuando el propio poder los encubre y no actúa con su mazo para permitir transparencia y competencia libre”.

En el presente la lucha es muy compleja, pero las prácticas corruptas son siempre las mismas. Son identificables por simples procesos de sentido común. Se requiere replicar procesos de verificación simples y verificaciones completas en las dependencias de Compras del Estado. Y si es cierto que el costo de esto es anulación y postergación de licitaciones, pero es bien claro que ante este daño los responsables son los mismos generadores de los pliegos. Son los mismos que no tuvieron la rigurosidad y el patriotismo para elaborar pliegos abiertos, condiciones de libre competencia con un alto detalle de responsabilidades ante los incumplimientos.

El liderazgo del cambio se tiene que dar en toda la sociedad. Debemos comenzar por nosotros mismos, y no reírnos más ante un evento de corrupción que debería por el contrario llenarnos de vergüenza ajena o propia si no pudimos levantar nuestra voz a alertar y bloquear una iniciativa que algún hipócrita nos participó en una reunión.  Se debe acabar la fiesta.

Artículo publicado el 03 de junio de 2019 en el diario La Nación