Por Yan Speranza, Presidente del Club de Ejecutivos.

En las últimas semanas se ha instalado con fuerza en la opinión pública la situación del Chaco paraguayo. Una vez más, ha sido la ciudadanía en general quien, preocupada por lo que percibe está ocurriendo con dicho territorio y particularmente con sus bosques, se organiza y reclama.

El Chaco representa el 60% del territorio paraguayo, en donde vive aproximadamente el 3% de la población total. Y durante mucho tiempo ha sido una región bastante relegada en varios aspectos de la política pública.

Esto viene cambiando porque en el proceso de crecimiento y desarrollo del país nos vamos dando cuenta que este territorio tiene un potencial enorme para la producción de alimentos -particularmente carne- y además una importancia estratégica en términos geopolíticos al ser un espacio por donde naturalmente se puede conectar al Atlántico con el Pacífico, lo cual requiere el desarrollo de nueva infraestructura vial.

Al mismo tiempo, nuestro Chaco conserva aún alrededor de 14.000.000 de hectáreas de bosques, o casi un 54% de tu extensión. Este también es un activo estratégico en un mundo en donde el cambio climático se ha convertido en un tema central, no solo para los ambientalistas como muchos creen, sino para el funcionamiento de los mercados, cuya clara tendencia es, y será, exigir mayores estándares en los temas ambientales.

Reducir esta situación a una suerte de enfrentamiento entre la lógica de la conservación versus la lógica de la producción es un error en el cual no debemos caer, evitando entrar en estériles posiciones polarizadas y descalificadoras.

Es perfectamente posible plantear un modelo equilibrado y sostenible que considere tanto los aspectos ambientales como los económicos y sociales. De hecho, agregar valor en esta triple línea de resultados es precisamente lo que configura eso que llamamos desarrollo sostenible.

Para el efecto, un punto clave de partida debería ser el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. De acuerdo con los datos del INFONA, alrededor de un cuarto de la deforestación o cambio de uso de suelo en el Chaco podría ser ilegal, pues no cuenta con planes de uso aprobados o al menos no se tiene registros de los mismos.

En números concretos estamos hablando de unas 60.000 hectáreas solo en el periodo de un año, entre agosto 2017-2018, que muy probablemente se estén deforestando ilegalmente.

Tenemos un importante déficit en la capacidad institucional de los organismos de control para efectivamente monitorear e identificar a los infractores de la legislación ambiental.

Pero aún peor, en todos estos años y ante todas las infracciones cometidas y denunciadas, nadie ha recibido una pena ejemplar por parte de la Justicia, incluso cuando la ley estipula la pena de cárcel, que puede ir de 3 a 8 años para aquellos que realicen deforestaciones no autorizadas.

Ahora bien, en el hipotético caso de que la ley se cumpliera a cabalidad y las penas ejemplares generen los desincentivos adecuados para los infractores, debemos también evaluar la actual legislación en lo relativo a su calidad para la necesaria sustentabilidad del ambiente.

No se trata de una tarea sencilla, porque implica una mirada técnico-científica en el marco de un ordenamiento territorial que oriente el uso del suelo de una manera más inteligente. Probablemente en algunas regiones del Chaco se necesita un mayor grado de protección que en otras, y en determinadas zonas se puede dar más énfasis a la producción.

No podemos afrontar la problemática que se plantea desde antagonismos inútiles, y tampoco desde el apremio en presentar proyectos de ley que, con el aparente objetivo de plantear soluciones rápidas, obvian la raíz del problema y pueden incluso empeorar las cosas desde una mirada realmente integral.

Si queremos verdaderas soluciones, debemos aprender a caminar hacia la racionalidad y, en base al diálogo informado, encontrar los equilibrios que precisa un adecuado y auténtico modelo de desarrollo sostenible.