Por Jaime Egüez, director del Club de Ejecutivos.

Se debe poner en práctica una política seria y eficiente en contener el gasto público. El mismo está compuesto básicamente en su mayoría por salarios, bonificaciones y pagos extraordinarios para el sector público.

Para “mejorar el gasto púbico” primero debemos identificar bien dónde se debe tomar medidas que impacten seriamente en conseguir este resultado. Aquí quiero simplemente expresar lo que hasta la fecha he aprendido y reflexionado.

Lo primero es que el Sector Público es vital para el funcionamiento de la República y, como tal, debe contar con personas preparadas y renumeradas dignamente con un plan de carrera claro y eficiente que “premie la capacidad y la eficacia en el desempeño de sus funciones, evaluadas según métricas transparentes y visibles para la ciudadanía”.

Lo siguiente es entender que el Gasto Público sale de los bolsillos de todos los ciudadanos, ya que se pagan desde los impuestos directos e indirectos. Esto significa que es el dinero del ciudadano que se usa para pagar los salarios.

Ante estas dos realidades, y ante la verdad ineludible que el gasto no puede aumentar, la pregunta es ¿por qué aumenta? Y aquí hay dos puntos a atacar. El primero y el más importante es que la suba de salarios, beneficios y en general erogaciones para todo el sector son impulsados por personas identificables y que negocian sus espacios de poder y privilegios personales a costa de “seudo defender intereses de los funcionarios públicos”.

Estas personas defienden intereses y van a conseguir algo, aunque esto le afecte negativamente a usted ciudadano trabajador. Le afecta al que compra en el supermercado, le afecta al emprendedor, al trabajador que gana un salario día a día con su sudor, a madres solteras que salen a defender el ingreso que es mordido por los impuestos que sirven para pagar este “gasto público”. 

Entendamos que defender algo que a mí me beneficia sin conseguir un beneficio para los demás es insostenible. Y lo más irónico que el propio funcionario público no llega a entender que él también es perjudicado en su vida diaria por gastos en una negociación donde su líder sindical solo sale él beneficiado en forma personal.

El segundo es el factor más relevante desde afuera, pues consiste en bloquear que el sector político entienda que un derecho que tiene es exigir una posición para un familiar o un correligionario en la Administración Pública.  Uno de los principales acuerdos que se debe construir es un pacto para regular la cantidad de funcionarios permanentes que el Estado en general, incluyendo al Congreso y Poder Judicial, puede tener.

Políticas de control estricto de ingresos solo como reposición de funcionarios que se hayan jubilado, además de promover subas salariales con métricas idénticas a las usadas en el sector privado, serian medidas rápidas para conseguir un cambio en esta área. Un Estado descontrolado en sus gastos es directamente una amenaza a la estabilidad de la Republica. Promovamos los acuerdos que eviten estas irracionalidades.