Laura Ramos, socia del Club de Ejecutivos del Paraguay.

En estos días hemos podido notar que ciertos grupos de sectores políticos han tomado posturas distintas de lo que hace unos meses pregonaban. Es una pena que las visiones y los planes cambien tan antagónicamente dejando como única herida de guerra a la ciudadanía. Esto ocurre específicamente en el rechazo de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones.

Lastimosamente, las batallas de bandos crean un grupo de políticos miopes, donde no ven que lo que está en juego son realidades muy importantes para el país. Esta ley iba a permitir el control, así como se controla en otros ámbitos de la economía --por ejemplo a los bancos y financieras--, el manejo acorde a ciertos parámetros donde el ciudadano que pretende jubilarse, pueda ser garantido de algún tipo de seguridad en cuanto a cómo se manejan estos fondos, para que el día de mañana este pueda llegar a su objetivo tan ansiado de jubilarse.

Y ¿cómo se hace para cambiar de postura de un día a otro? Se crea temor en la ciudadanía, creando dudas con respecto a la ley, generando incertidumbre en cuanto a su finalidad y, por ende, la ciudadanía toma una postura de que es mejor seguir como estaba, antes que generar cambios desconocidos. Este sistema de desinformación, generando suspicacia en quienes han trabajado toda una vida para tener una vejez con algún ingreso loable, es muy dañino. Espero que con el paso del tiempo y con una campaña de información correcta, la ciudadanía pueda distinguir cuando les quieran vender una manzana podrida.

Si analizamos esta ley en específico, podemos ver varios puntos muy interesantes que dudo que algún ciudadano pueda estar en desacuerdo, como por ejemplo que con dicha norma no modifica la edad jubilatoria, no cambia el monto de jubilación, no aumenta el monto del aporte, no dispone del dinero de los jubilados, no altera el esquema actual de beneficios, no decide sobre la colocación de los fondos jubilatorios y por último no modifica la autonomía de las cajas jubilatorias.

Ante lo expuesto se deduce que ley protege el ahorro y fomenta el desarrollo.  El seguir postergándola ante intereses particulares es un sin sentido. El país necesita hombres y mujeres capaces de anteponer los intereses de la ciudadanía antes que los propios, necesitamos mayor presión ciudadana para que los que tienen que velar por el genuino desarrollo lo hagan.

El problema de la corta memoria, a pesar de los diversos medios de información disponibles que nos podrían ayudar rápidamente a analizar lo que ocurrió en el pasado, igualmente seguimos olvidando que una gran parte de estos fondos ya se vieron afectados y hasta perdidos por sus aportantes cuando quebraron varios bancos en los años noventa. Sin un control y sin parámetros justos e igualitarios para todos, será muy difícil que se pueda ayudar a la ciudadanía a evitar la rifa de unos pocos con los  sueños de muchos.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2018 en el diario La Nación.