Por Antonio Espinoza, socio del Club de Ejecutivos.
El 30 de mayo de 1993, el aristócrata inglés Sir Anthony Tennant y el billonario norteamericano Alfred Taubman desayunaron juntos en el suntuoso departamento de este último en Londres. Como resultado de ese encuentro gastronómico, y otros posteriores, siete años más tarde Taubman era sentenciado en un tribunal de Nueva York a tres años de prisión y multas de cientos de millones de dólares, y Tennant se enclaustraba en Inglaterra para evitar correr la misma suerte.
¿Cuál fue el crimen cometido? Tennant y Taubman eran los presidentes de las prestigiosas casas de subasta de obras de arte Christies y Sothebys, que juntas controlaban el 90% del mercado, y en esas reuniones secretas se habían puesto de acuerdo para aumentar las comisiones que cobraban a sus clientes. La colusión para fijar precios no solo es un delito en los EEUU, sino que atenta contra uno de los principios básicos de la economía de mercado, que es la libre competencia.
En una economía de mercado, los consumidores pueden elegir libremente entre diversos productos comparando calidad y precio. En este ambiente, personas y empresas que ofrecen bienes y servicios más novedosos, de mejor calidad y a precios más atractivos prosperan, e invierten en hacer crecer sus negocios. Este modelo económico estimula a los productores a dedicarse permanentemente a innovar con nuevos productos, a mejorar la calidad y a reducir sus costos, y los grandes beneficiarios son los consumidores.
El extraordinario aumento en la prosperidad y el bienestar mundial que se dio en los últimos 200 años es producto de la aceptación de los beneficios de la economía de mercado por la mayoría de los países. Incluso países nominalmente comunistas, como China y Vietnam, han crecido explosivamente gracias a la introducción de principios de la economía de mercado en sus políticas de gobierno.
Para que una economía de mercado florezca y genere los máximos beneficios, se deben dar ciertas condiciones básicas, y entre ellas están la protección a la propiedad, la libertad de invertir, la libertad de los consumidores para elegir, y la libre y real competencia entre productores.
Preservar una economía de mercado requiere constante vigilancia contra los intentos de socavarla. Por un lado están empresarios que buscan controlar precios mediante colusión o logrando una posición monopólica eliminando a la competencia. Ya lo expuso el padre de la economía Adam Smith en el siglo XVIII cuando escribió que “personas del mismo ramo rara vez se reúnen, incluso para esparcimiento y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en algún intento de subir los precios”.
Por el otro lado están los políticos populistas que buscan rédito electoral fijando precios artificialmente bajos, o debilitando los derechos de propiedad mediante expropiaciones y confiscaciones con fines de reparto. Las consecuencias de regulaciones de precios por el Estado son siempre catastróficas, generando mercados negros y ahuyentando a las inversiones. Las góndolas vacías de los supermercados de la Venezuela de hoy y del Chile de Allende de los años 70 son cercanos testimonios de ello.
En nuestro país tenemos oportunidades de mejora con la actualización de regulaciones, muchas de ellas obsoletas, y el fortalecimiento de los derechos de propiedad, que impactan negativamente en su atractivo como destino de inversiones. También se debe robustecer la prevención de prácticas anticompetitivas, tanto en el sector de bienes como el de servicios profesionales.
Junto con la ciencia y el buen gobierno, la economía de mercado ha demostrado ser una de las patas del trípode virtuoso que sostiene el progreso humano. Es deber de todos protegerla y fortalecerla.