Laura Ramos, Socia del Club de Ejecutivos del Paraguay.

Ya en junio del año pasado escribí, en este mismo espacio, sobre el vicio de las licencias previas. En dicha columna, comenté como las licencias son un método de crear un ambiente de contradicciones entre exigencias y servicios públicos, además de adicionar sobrecostos innecesarios en la cadena de importación.

Primeramente, algo muy relevante para todos los estamentos estatales: obtener ingresos de fuente 30, los cuales no forman parte del presupuesto ni deben ser rendidos. Siendo esta una fuente, en muchos casos, hasta del 50% del total de disponibilidades de un ministerio. Estos fondos adicionales se utilizan para pago de salarios, entre otros. Por otra parte, desvirtúa la competencia, dado que eleva considerablemente el precio de los productos importados trasladando directamente este aumento al bolsillo del consumidor final, quien para poder acceder a un producto de mayor calidad deberá pagar aún más. En vez de incentivar la libre competencia y fomentar la eficiencia y mejora de los productos locales, se encarecen los importados, dejando al consumidor final con menos opciones para elegir.

Habiendo dicho todo esto, debemos agregar que, si efectivamente el deseo fuera el de regular las importaciones, y realmente reglamentarlas, dejando fuera del sistema a las empresas importadoras que actúan de mala fe, ya sea con contrabando o realizando dumping, sería beneficioso para todos. Pero es llamativo constatar que, luego de todo el tiempo transcurrido, no se le ha negado el registro a ninguna empresa, inclusive a las de dudosa actividad.

A este capítulo ya revisado con anterioridad, debemos agregarle el condimento de las últimas semanas, que descubrimos que es normal que se importen productos que no cuentan con Licencias previas de importación y que más tarde se entrega el documento para regularizar. Ante dicho escándalo, además de tener actores con intereses contrapuestos, queda demostrado como en la práctica las normas están creadas para unos pocos, y con total connivencia de autoridades de distintas instituciones públicas.

Lo que resalta es que, por un lado, dentro del rubro específico del escándalo, había varios actores que juzgaban la situación pero que finalmente también estaban en faltas administrativas propias y, por otro lado, el ministerio con mayor peso dentro de este proceso fue el menos castigado por el Ejecutivo. Por lo que teniendo en cuenta todo lo expuesto, sigue siendo muy gris para el sector formal de la economía el real sentido de estas LPI, cómo se manejan, cuáles son los criterios efectivos, son fuentes de financiamiento meramente y si son herramientas de distorsión del mercado.

Sería interesante poder analizar desde una mesa de diálogo cómo manejar las restricciones al comercio y por sobre todo los sobrecostos que se generan a la economía, ya que por una parte queremos ser un país más competitivo, pero por otra se generan trabas donde hacen que distintas cargas de mercaderías demoren mayor cantidad de días, lo que crea costos mayores, produciendo finalmente el efecto contrario.

Además, si es una herramienta que puede ser utilizada por la competencia para poder administrar el ingreso o no de mercadería de otro actor dentro del comercio sería algo delicado, sumando las altas multas que pueden dejar fuera de competencia a varios. 

En definitiva, habría que analizar el objetivo final y quiénes manejan finalmente esta herramienta para que realmente sea del mayor interés para toda la economía paraguaya, y no el negocio de unos pocos.

Artículo publicado el 2 de junio de 2018 en La Nación