Por Luigi Picollo, Vicepresidente del Club de Ejecutivos.
Así como el sector privado se está ajustando fuertemente para aguantar una dura desaceleración económica, la expectativa es que dicha austeridad también se refleje en el sector público. Entonces se habla mucho de la racionalización del gasto publico, lo que supone diversas acciones, unas pequeñas y más mediáticas, y otras importantes y mucho más duraderas.
Las pequeñas y mediáticas medidas son eliminar los bocaditos, el catering, los empleados asignados a autoridades, los seguros médicos, la compra de vehículos lujosos, etc…, gastos puntuales que no pesan mucho en el total. Pero sí resuenan con la población, pues son acciones fáciles de presentarlas como mal gasto y a su vez son fáciles de anularlas de un plumazo.
Los mayores gastos son mucho más difíciles de aceptar y de eliminar. Estas son grandes estructuras que no crean valor, gastan una enormidad de recursos y no son fáciles de abolir. Un ejemplo es Copaco. Actúa en el segmento de línea baja que ya no importa más, puesto que en el 2018 tenía menos de 290,000 líneas mientras que los celulares suman más de 7,330,000 líneas. Lo único que sustenta a Copaco es una normativa que prohíbe a las empresas celulares hacer llamadas internacionales de voz y da una artificial exclusividad de rubro a Copaco. Esta normativa es anti economía de mercado, además de ridícula. En efecto, hoy la transmisión de voz se da en forma de tráfico de datos entre softwares como la popular llamada por WhatsApp. Las compañías celulares están compitiendo de verdad, pues en 7 años 1.550.606 usuarios de telefonía cambiaron de empresa. Pero nosotros no podemos cambiar de proveedor de línea fija para dejar el pésimo servicio de Copaco. Esta empresa va a continuar perdiendo dinero por mucho tiempo, tornándose más obsoleta y costosa.
Fundamentalmente, cada vez que el Estado compita con el sector privado va a perder dinero, y además va a dañar la industria donde actúe. Perderá dinero porque el precio cobrado por la entidad estatal va a ser un precio inventado estando siempre por debajo del verdadero costo de proveer ese servicio. Dañarán a la industria donde actúen porque será una opción de oferta de mala calidad a un punto de precio ilógico. En realidad, es un subsidio encubierto ya que se lo hace a perdida.
El argumento de los funcionarios públicos es que ellos saben lo que les cuesta producir. No hay algo menos verdadero que esto. En el sector privado, súper competitivo, se utilizan costosísimos softwares de gestión, se cuenta con personal entrenado y motivado quienes pueden ser desvinculados si no cumplen su trabajo en forma excelente, y aun así la contabilidad de costos es una meta que pocos han cumplido. Todas las empresas privadas saben si ganan o pierden dinero en el “agregado de todos sus negocios”. Pero muy pocas saben si ganan o pierden en cada negocio en particular, solo algunas tienen muy afinada la distribución adecuada de costos fijos, para asignar con prescición cada componente del gasto específicamente a un producto o servicio. Entonces es obvio que las entidades del Estado no van a saber realmente cuanto les cuenta lo que hacen.
¡Verdaderamente racionalizar el gasto implica evitar competir con el sector privado! Las acciones que realmente ahorren dinero serán aquellas que conlleven cerrar empresas y entidades del Estado. Es también cancelar proyectos y servicios que se proponen dentro de las entidades que buscan crear una oferta que ya se dispone en el sector privado. Como no existe contabilidad de costos en el gobierno, la premisa de selección es simple: si ya existe oferta en el sector privado no corresponde destruir impuestos intentado hacer lo mismo, pues terminará siendo más costoso de lo que le cuesta al sector privado. Nuestros impuestos deben ser usados para crear valor a toda la sociedad, no ayudar a crear un sistema que además de dañar a nuestras empresas, se torne fácticamente en una máquina de destrucción de valor.