Por Antonio Espinoza, director del Club de Ejecutivos.

La intervención aliada de la OTAN en Afganistán se inició en el año 2001, con el objeto de desalojar del poder a los talibanes que habían dado refugio y protección al grupo terrorista Al-Qaeda. Ante la pertinaz resistencia de células talibanes, y la continuada debilidad del gobierno, la presencia aliada se fue extendiendo en el tiempo.

Pasaron dos décadas, y la situación seguía igual, sin conclusión aceptable a la vista. El conflicto se volvió un sumidero sin fondo de vidas y dinero que fue ganándose el mote de “la guerra sin fin”.

El costo ha sido vasto. Más de dos mil combatientes aliados muertos en acción, y cientos de miles de heridos y lisiados, muchos de ellos con discapacidades que soportarán toda su vida. Y con una erogación que supera el billón de dólares. Esto sin hablar de los millones de afganos desplazados, heridos y muertos.

Finalmente, viendo que seguir haciendo lo mismo solo produciría idénticos resultados, los aliados resolvieron negociar con los talibanes el retiro de sus tropas del país. La transición ha sido desordenada, pero se abre un nuevo capítulo en la historia de Afganistán.

La guerra de Afganistán no es la única “guerra sin fin”. Otra es la “guerra contra las drogas”, que lleva décadas sin logros visibles. A pesar de los inmensos recursos invertidos en esta guerra, el negocio sigue tan campante.

Esta guerra ha insumido un costo altísimo en recursos, ha fomentado la corrupción y la criminalidad. Y ha destruido la vida de millones de personas, muchas de ellas de jóvenes que por un desliz han ingresado a la universidad del crimen, la penitenciaría. El lucro ilícito generado por el negocio ha creado fortunas para los traficantes, y ha pervertido a policías y a la justicia. En nuestro país es cada vez más evidente que el dinero de las drogas está ganando influencia en los estamentos políticos. El riesgo que nos convirtamos en un narcoestado está latente.

Además, el cultivo ilegal de la marihuana tiene un fuerte impacto negativo en el medioambiente. Es cada vez mayor la superficie de bosques de nuestros parques nacionales y reservas forestales que son talados para crear plantaciones clandestinas de cannabis.

Debemos buscar otros caminos para gestionar esta cuestión, en la certeza que casi cualquier alternativa será mejor que la actual. Existen muchos ejemplos de distintas medidas adoptadas en otros países, desde la descriminalización en Portugal, hasta la legalización total de la marihuana en muchos estados de EE.UU. Es cuestión de observar y aprender.

Un objetivo prioritario de cualquier política debe ser cortar el torrente de dinero que fluye a las mafias. Idealmente, estos recursos deben convertirse en ingresos tributarios para el Estado que se utilicen para financiar la salud, la atención y rehabilitación de adictos.

En este sentido, la experiencia del estado de Colorado, en EE.UU., es instructiva. El cultivo, la comercialización y el uso recreativo de la marihuana se legalizaron en el año 2014, y el año pasado los tributos a la marihuana generaron 387 millones de dólares para el Estado. Por otro lado, por mandato legislativo, el Estado realiza una evaluación anual de los impactos de la legalización. Y el último informe destaca que el consumo juvenil no ha variado significativamente desde la legalización.

Así como en la guerra de Afganistán, es el momento de poner fin a esta “guerra sin fin” que carcome los cimientos de nuestra sociedad, y considerar con sensatez y prudencia otras alternativas. Por el daño que causa al país y a su imagen, seguir haciendo lo mismo ya no es una opción aceptable.