Por Laura Ramos, Socia del Club de Ejecutivos.

Las empresas nacionales deben ser lo suficientemente astutas en proyectar cómo será la economía paraguaya de los próximos años para poder planificar sus estrategias propias. Estas estrategias propias implican distintos aspectos dentro de la misma, como ser: si deben pararse sobre la moneda local o sobre una extranjera, prever si la demanda de su producto cambiará, para bien o para mal a fin de poder realizar sus pedidos de producto ya sea a través de importaciones o a través de la producción nacional.

Dentro de este ámbito normal de negocios en el país, deben además prever cómo influirán los factores externos de países vecinos que inciden en su economía empresarial debiendo a su vez sortear los vaivenes de la política pública de ese momento. Debemos agradecer que ya hace un tiempo se pactó que dentro de las políticas económicas no se verían inmiscuidos intereses sectarios partidarios, y esto ha logrado gran previsión y fortaleza a nuestra moneda. Lo que no se pactó y creo que pasarán aún muchos años para que esto ocurra es: la no aislación de las instituciones que también afectan directamente al comercio como lo son por ejemplo las aduanas. Dentro de las políticas de los últimos tiempos se decidió que el principal objetivo sería la recaudación y lucha frontal contra el contrabando, lo cual es muy significativo y aplaudible. Pero, aún con un objetivo tan loable y deseado por todos, no debemos olvidar que no siempre el fin justifica los medios. Debemos ser estrictos y a la vez cuidadosos de no olvidarnos en el afán del aumento de la recaudación finalmente estar dando ventajas a los que realizan competencia desleal también conocido como contrabando.

¿Y por qué estaríamos dando ventajas a los contrabandistas? Por el simple hecho que a medida que aumentamos las trabas a los comerciantes formales aumenta el grado de ventaja que tienen los informales, los cuales no pasan por dichos procesos. Por ejemplo, hace un corto tiempo se decidió que en aduanas la gran mayoría de los importadores pasarían a canal rojo, ¿y que quiere decir esto? Que todas sus cargas serían revisadas sin importar su trayectoria ni su formalidad a lo largo de los años. Esto hizo que el ochenta por ciento de los importadores pasen mayor cantidad de días con las cargas demoradas generando así mayores sobrecostos a la importación de sus productos. Ello hace que su producto legal y formal sea más caro, dejando así un mayor spread entre el producto formal y el producto de contrabando. Si bien la política de mayor control no es mala en sí, sino todo lo contrario, no se tiene la capacidad de agilizar el control, y genera que la mayor parte de la economía de importación esté parada haciendo que se dé unos metros considerables de ventaja en esta carrera del comercio, llegando el contrabando a la meta con bastante facilidad.

Sumemos a esto, que las instituciones públicas no tienen capacidad de control en la calle, el aumento de impuestos para productos formales, aumento de requerimientos como son los registros, análisis y además proyectos de ley pidiendo certificaciones donde curiosamente productos internacionales con certificaciones de países de primer mundo --con los cuales se tienen convenios-- deben pasar a ser certificados por laboratorios nacionales también.

En síntesis, podemos decir que la idea de mayores controles y en consecuencia la mayor recaudación es muy buena y sumamente necesaria, pero que no sea que terminemos cazando en el zoológico siempre enfocados en mayor burocracia con los mismos y finalmente termine beneficiando al mayor enemigo del país el cual es el contrabando.

Artículo publicado el 3 de noviembre de 2018 en el diario La Nación