Por Jaime Egüez, presidente del Club de Ejecutivos
Este título tiene el objetivo de poner a la luz pública lo que para muchos en nuestra sociedad es una realidad a voces pero que la ponemos bajo una alfombra. Y para justificar “estatus quo” inaceptable y perverso ante tanta falta de dignidad humana. Coacción entendida como un acto de presión. Todo ello para conseguir un resultado que usualmente es resistido por la víctima o genera una infracción que lo compromete ante la Ley y en muchos casos lo expone al escrache.
Me refiero claramente a un sector que ostenta un tipo de poder, el cual es el poder político identificable, pues está en las esferas del Estado hace años. Y hace uso y abuso de su posición para forzar, presionar y muchas veces condicionar a las autoridades ejecutivas de turno del Gobierno, por no decir al propio presidente de la República en su trabajo de administrar el Estado. Lo integran personas que se amparan en el anonimato. Llaman por celular difícil de grabar sin una orden judicial previa o a través de intermediarios que con toda impunidad y soberbia exponen el mandato de su mandante para justificar un interés en una licitación expresa.
Personas que, luego de ser descubiertas y expuestas generalmente por una investigación periodística, se amparan en estrategias jurídicas para zafar y continuar con su práctica nefasta. Hay también quienes operan en determinadas áreas del sector privado. Y apelan a una práctica que en el rigor se llama “soborno”. Pero como es bien sabido en el caso de los privados la aplicación de la ley es rigurosa. Además no menor es el hecho de que un proceso puede ocasionar la debacle económica por el alto costo de los abogados litigantes.
Mas, entendamos lo que he puesto por título. ¿Es aceptable que continuemos tolerando la coacción del poder político como algo legítimo? ¿El poder le otorga a una persona la capacidad de coaccionar a otra para hacer algo incorrecto y que normalmente va a beneficiarlo pecuniariamente? No. Definitivamente no es correcto. Y debemos entender que los mecanismos para bloquear y defender a los funcionarios de esta práctica son necesarios para cambiar la dinámica de gestión de un Estado. Sobre todo, de los muchísimos funcionarios honestos.
Sostengo que debemos, como primer paso, acordar con el sector político que se declara a favor de la institucionalidad y enfrenta la corrupción con hechos claros, un cambio de actitud urgente ante este flagelo que nos hunde cada vez más con un Estado donde la Corrupción se pasea a la luz de nuestros ojos. Y donde marcar la cancha de “lo correcto o no” es vital pero insuficiente. Un político debe tener vetado llamar a un ministro para pedir un favor que lo beneficie directamente en una acción que es ilegal, y que se conoce como tráfico de influencia.
Las discusiones en distintos niveles de intereses, varias al amparo de la oscuridad, ocurren porque no tolerarían que Ña Hortensia se entere como se llevan su aporte de impuestos para incrementar los bolsillos de los corruptos del poder. Muchos dirán esto ha sido siempre así y no vamos a cambiarlo. Puede ser cierto, pero inexorablemente ya no es tan fácil esconder la mano negra de muchas negociaciones. Ello, porque cada vez más es imposible esconder los intereses perversos. Después de todo, en Francia al final de la Monarquía la desfachatez fue tan escandalosa por parte del poder vigente, que el pueblo acabó instalando un cambio que revolucionó el mundo.
No estamos muy lejos, hay que poner todo a la luz. La transparencia es inaplazable. Y que el ciudadano que se rompe el lomo todos los días juzgue si merecemos estos legisladores o no. El vidrio no se come. El escrache político a estos personajes será inminente más temprano que tarde. El Covid vino a cambiar el mundo entero, y todos estamos cansados de ser ciudadanos de segunda, trabajadores ante una casta de privilegiados con mucha demagogia.