Héctor Sosa Gennaro, socio del Club de Ejecutivos del Paraguay.

Una característica que identifica a países como el nuestro es que el “botín de guerra” más importante de los políticos son los cargos públicos, que generalmente sirven para pagar las deudas asumidas con operadores que le han acompañado en las contiendas electorales, sin tener la más mínima idoneidad.

En efecto, las instituciones públicas son utilizadas como fuente de trabajo, alcanzando a miles la cantidad en cada una de ellas con asignaciones salariales escandalosas, que no solo no están acorde con la calidad del servicio que prestan, sino que generalmente ingresan sin conocimientos que requieren los respectivos servicios, lo que más que un acto de clientelismo se convierte en una malversación de los fondos públicos.

A ello se suma el aspecto legal, derivado de la ley que regula la Función Pública y que se caracteriza por su rigidez y protección al funcionario público, haciéndose prácticamente imposible prescindir del mismo. Todo esto agravado por la permisividad de la justicia, que es complaciente con las autoridades de turno para blindar jurídicamente a gente que ha incurrido en mal desempeño de funciones, con grave perjuicio al erario público.

La solución más práctica y razonable, pero que requiere la valentía y el patriotismo de los políticos, sería la de crear leyes que rijan para el futuro, para evitar la promoción de acciones legales por derechos adquiridos por parte de los funcionarios actuales. Y así poder depurar el ingreso y la salida de funcionarios cuyas capacidades no se ajusten a los requerimientos de los organismos estatales, a fin de lograr la excelencia en la prestación de servicios.

Publicado en el diario 5Días el 6 de agosto de 2018