Por Laura Ramos, Socia del Club de Ejecutivos.
A raíz de la situación actual de procesos de adquisición de insumos necesarios para atravesar la crisis sanitaria que afecta al mundo, se han dado compras que no han cumplido con todos los requerimientos exigidos, resultando así en transacciones de dudosa gestión. Por ejemplo, el ministro de Salud en Bolivia, quien ha sido detenido en los últimos días por una compra de respiradores con sobreprecio según informaron los medios locales.
Tener una necesidad imperante donde la salud de un pueblo está en riesgo, y a pesar de ello manipular los procesos de adquisición de los mismos genera una intolerancia muy peligrosa en la ciudadanía. Esta sensación, y luego la confirmación de las investigaciones realizadas sobre el mal manejo administrativo en el proceso de compras, pueden llevar a reacciones no previstas de la gente. Por ello, son muy importantes las acciones que se lleven a cabo con dichos descubrimientos, dado que se tiene una gran admiración por el manejo científico, el que sin embargo puede ser empañado por el manejo administrativo-financiero del área.
Para evitar estas faltas administrativas en las compras públicas, es que debemos utilizar las herramientas de transparencia y el control ciudadano, así como también debe ser vital entender con qué empresas se está trabajando.
Por ejemplo, en el sector privado cuando vamos a operar con un proveedor nuevo, hacemos una radiografía de quiénes son, si tienen las herramientas suficientes para realizarnos el trabajo, si tienen disponibilidad financiera. Es decir, los conocemos a profundidad para evitar encontrarnos con sorpresas siendo empresas con una fachada y que realmente nos veamos engañados. Este mismo proceso debemos de aplicarlo en el sector público, conocer mejor a los oferentes de los servicios o insumos, ya que les estamos confiando la provisión de insumos vitales especialmente en este caso. Es por ello que una de las herramientas que teníamos a disposición, como la presentación de declaración jurada de patrimonio de los accionistas de las empresas que participan de licitaciones, se veía absolutamente necesaria para conocer quiénes estaban finalmente detrás de dichas empresas. Ahora se ha suspendido dicho requisito, ya que se ha presentado el pedido de inconstitucionalidad por unas 35 empresas, por lo cual quedamos nuevamente desprotegidos de acceso a dicha legítima información.
Podemos concluir que es de vital importancia generar mecanismos e instrumentos para saber con certeza quiénes y cómo se manejan las compras públicas. Pues habrá que actuar con la misma lógica de una empresa privada donde se realiza un seguimiento, una verificación y una auditoria a los procesos, para la aprobación del proveedor, asegurando que cumple con todos los requisitos básicos. Y, tratándose del Estado, que el proceso sea substancialmente público y transparente.