Por Yan Speranza, Presidente del Club de Ejecutivos.
Días atrás se llevó a cabo en nuestro país un interesante seminario internacional sobre Legislación y Justicia Ambiental.
La idea era discutir precisamente sobre las tendencias, pensamientos e instrumentos que se han venido desarrollando en las últimas décadas en todo lo relativo al tema de la justicia ambiental.
Al ser una preocupación central del planeta actualmente, mucho se está trabajando para adecuar los marcos normativos a la necesidad de proteger un elemento vital para todos, como lo es el ambiente.
Existe una teoría filosófica que da sustento a las ideas que se van desarrollando, que luego se convierten en nuevas leyes e instrumentos normativos que tienen como objetivo garantizar ese derecho que también está en nuestra Constitución, la de vivir en un ambiente sano.
Ahora bien, al conjunto de estas categorías conceptuales y normativas debe necesariamente acompañarle la construcción de capacidades que permitan una efectiva aplicación de las normas, de manera a obtener los resultados que se pretenden.
Muchas veces, es en este punto en particular donde se define el interés real de un país en avanzar hacia nuevas realidades.
Promulgar leyes diversas, pero no avanzar hacia la generación de capacidades para hacerlas cumplir, es como pronunciar unos de esos discursos políticamente correctos, pero sin creérselos mucho en cuanto a su contenido ni avanzar hacia la concreción de lo prometido.
Hemos sido capaces de ir generando una profusa legislación ambiental, en muchos casos con reglas de juego bastante sofisticadas incluso, pero claramente no tenemos una justicia ambiental. Es decir, no somos capaces de hacer cumplir las normas que hemos dictado.
Ciertamente, no hemos avanzado en la construcción de las capacidades mínimas necesarias. Tenemos un serio déficit en la formación de jueces y fiscales especializados en estos temas, muchas lagunas interpretativas y pocos resultados concretos.
Aún peor, a instituciones claves en el tema ambiental como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), le hemos dado amplias atribuciones y lo hemos convertido en órgano de aplicación de decenas de leyes ambientales muy importantes, pero no le hemos dado los más mínimos recursos.
De hecho, el presupuesto del MADES equivale al 0,12% del Presupuesto General de Gastos de la Nación o alrededor del 0,02% del PIB del país.
En definitiva, no se trata solamente de convertir una Secretaría de Estado (la anterior SEAM) en Ministerio (el actual MADES) y pretender que ello genere resultados distintos si no le dotamos de recursos y capacidades suficientes.
La preocupación global por los temas ambientales está basada en hechos reales y cuenta con fuertes fundamentos científicos. Abundan los indicadores que nos muestran la gravedad del problema que estamos enfrentando. Y es una responsabilidad compartida a nivel mundial hacer algo al respecto.
Si hablamos de economía, la tendencia clara de los mercados a nivel internacional es demandar más y más responsabilidad ambiental, sencillamente porque los consumidores así lo exigen.
Nuestras exportaciones se basan en productos primarios que en forma creciente tendrán que demostrar que en su proceso productivo no generan impactos negativos al ambiente.
Muchas empresas ya se vienen adaptado a estas nuevas condiciones, empujados precisamente por las exigencias de los mercados, pero se necesita asimismo un Estado fuerte que establece reglas de juego adecuadas y se asegura de su cumplimiento.
Esta realidad nuestra de contar con una gran cantidad de leyes y normas sin capacidad para hacerlas cumplir no es privativa de los temas ambientales. Ocurre en muchos otros campos.
Necesariamente debemos concentrarnos más en cumplir y hacer cumplir nuestras reglas de juego. No quedemos atrapados solo en la legislación, avancemos hacia una verdadera justicia que es lo que precisamos realmente.
Artículo publicado en el diario Última Hora el 25 de marzo de 2019