No puede pasar desapercibida la presencia del Paraguay en la Cumbre de G20. Fue un hecho significativo porque participamos de la reunión del grupo de los países económicamente más desarrollados. Y allí se pudo destacar los aspectos más importantes de nuestra macroeconomía y de las ventajas que nuestro país ofrece para la inversión.

Claro, el Paraguay suscribió también la Declaración Final de dicha Cumbre, realizada en Río de Janeiro. Y con ello se comprometió a reducir la pobreza, la desigualdad y los efectos que inciden en el cambio climático. A propósito, ideal hubiera sido que el presidente de la República explicara los compromisos contraídos a nivel de los distintos poderes y órganos del Estado, y así también a los diferentes sectores de la sociedad civil. Pues asumimos como país una responsabilidad muy grande para superar los problemas estructurales que impiden nuestro desarrollo con equidad.

Ciertamente que terminaremos el año manteniendo el crecimiento económico del país, uno de lo más aceptables dentro de la región. Y que enfrentamos el deber de aumentar más aún para encarar, con políticas públicas pertinentes, los desafíos que tenemos a fin de situarnos en las explanadas del desarrollo sostenible. Y en el más breve plazo, manteniendo el grado de inversión alcanzado con Moody´s y, sobre todo, trabajando para subir la calificación con las otras calificadoras.

Al respecto hay que señalar que de los poderes Ejecutivo y Legislativo emanan las leyes. El Judicial está abocado a velar por el fiel cumplimiento de estas normas contractuales del Derecho. Con una adecuada formación cívica se sabe que las leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo deben responder a su factibilidad y legitimidad procesales. Esto quiere decir que tienen que responder, en el caso de la factibilidad, a las necesidades objetivas de la ciudadanía. Y en cuanto a su legitimidad, que su aplicación efectivamente beneficiará al interés general, objetivo de toda legislación.

Los actores de la sanción y de la promulgación tienen poder legítimo solo cuando sus decisiones responden al interés general o a la voluntad general. En la República y en el sistema democrático. No, por el contrario, cuando legislan y actúan a favor del interés particular. Se supone que militan en la política y asumen los poderes públicos sabiendo estos principios elementales que rigen en la modernidad. Ya no estamos en la época del feudalismo.

Por eso la economía se mueve por reglas. Su formalización es tanto para la producción y el comercio. Y así también para las finanzas y las transacciones. Y dentro de esta formalización están asimismo los tributos. Los impuestos. Para el mantenimiento del Estado y la concurrencia de este en las necesidades materiales y culturales de la sociedad toda, incluyendo las obras de infraestructura.

A los actores de la sociedad civil se los sancionan cuando incumplen sus obligaciones tributarias.

Y según la Constitución de la República, también se sancionan con la deslegitimación a los actores de los poderes del Estado cuando incumplen el mandato de la carta política o de la voluntad general.

Estas cuestiones deben conocer quiénes desde el Legislativo se autoaumentaron sus ingresos. Al tiempo de deslegitimarse no condicen con la imagen del país expuesto por el presidente de la República en la Cumbre G20. Menos con el compromiso contraído para reducir la pobreza y la desigualdad.

Si no puede haber desarrollo sin institucionalidad, tampoco habrá sin la efectiva coordinación entre los órganos del Estado. Y, sobre todo, sin consenso de la sociedad nacional. Cuestiones apremiantes por resolver, hoy y de cara al futuro.