Por Yan Speranza, Presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay.
La fortaleza de las instituciones es una parte esencial del desarrollo de los países, y en el largo plazo explican casi todo lo que ha ocurrido o no ha ocurrido con el mismo.
En el Paraguay, tenemos una brecha importante entre el funcionamiento de algunas instituciones que han logrado avances significativos y, por ende, resultados satisfactorios, otras que se han quedado atrapadas en su laberinto con resultados mediocres y otras más que ni siquiera han iniciado su proceso de desarrollo.
Nuestras instituciones económicas lograron en las últimas décadas transitar por un proceso serio y sostenido de consolidación. Se han blindado en gran medida de la contaminación política de la peor clase, atraen y forman capital humano avanzado, y por lógica consecuencia los resultados aparecen.
De ahí salen precisamente nuestra estabilidad macroeconómica y manejo ordenado de la economía, una condición necesaria, aunque por supuesto no suficiente para el desarrollo.
Tal vez lo más importante sea una suerte de consenso social --particularmente entre los tomadores de decisión-- de que esta situación destacable, que se ha venido dando con nuestras instituciones económicas, se debe seguir manteniendo en el tiempo, ya como política de Estado.
Ahora bien, si analizamos el funcionamiento de las instituciones que deben cuidar de los temas sociales como educación, salud y protección social, la situación es muy diferente.
En este caso, el consenso social que se ha logrado es que la inversión social debe aumentar de manera significativa en el país. Y efectivamente eso ha ido ocurriendo.
El gasto social, si bien aún alejado del promedio regional, ha venido creciendo de manera sostenida, llegando en este momento a un 11% del PIB, y claramente seguirá creciendo en los próximos años.
El problema es justamente que, con la estructura institucional actual, no podemos esperar resultados satisfactorios, pues sencillamente no existen capacidades institucionales para que ello ocurra.
Por ejemplo, la mejora continua en los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes --el objetivo central de cualquier sistema educativo-- no está ocurriendo en nuestro país, a pesar del aumento positivo de la inversión en educación.
Si nos referimos a las instituciones que velan por la seguridad, tanto física como jurídica de los ciudadanos, las mismas han sido peligrosamente inficionadas por una suerte de corrupción sistémica que genera una sensación de desprotección muy generalizada.
El descontento social y el hartazgo con esta situación, está generando una presión enorme que podría eventualmente acelerar un proceso de reforma institucional más seria y profunda.
Si nos fijamos ahora en la situación de las instituciones que velan por los temas ambientales en el país, vemos condiciones extremadamente precarias.
El Paraguay destina como presupuesto alrededor del 0,1% del PIB a las instituciones que se encargan directamente de los temas ambientales, y esto no ha venido aumentando en los últimos años.
Se demuestra de esta manera que a diferencia de lo que ocurre con los temas sociales mencionados, no existe siquiera un consenso social y una decisión política subyacente de que debemos prestarle más atención a los temas ambientales, precisamente en un momento histórico a nivel global en donde este tema se ha vuelto muy relevante por todo lo que implica para los propios seres humanos.
En nuestro camino hacia el desarrollo debemos enfocarnos en fortalecer nuestras instituciones y encarar de manera decidida las reformas que se necesitan en aquellas que se encuentran más rezagadas.
Obviamente no se trata de algo sencillo, puesto que las resistencias del conveniente status-quo automáticamente se activan para proteger sus intereses.
Una ciudadanía cada vez más exigente irá abriendo ventanas de oportunidad para las reformas con sus demandas. Y debemos ser capaces de aprovechar esas oportunidades con inteligencia, decisión y coraje.
Artículo publicado en el diario Última Hora el 10 de junio de 2019