Por Luigi Picollo, Vicepresidente del Club de Ejecutivos.

El Paraguay está ranqueado como uno de los países más corruptos del continente, y desde hace tiempo. Se habla mucho del tema, pero se actúa poco. Las instituciones que deberían controlar y sancionar la corrupción son muy lentas. Y las denuncias contra funcionarios públicos quedan sin acción en los órganos donde sus cómplices apelan a las chicanerías procedimentales para lograr su impunidad. En cada visita de una personalidad del hemisferio norte se hacen afirmaciones sobre la evolución en materia de seguridad jurídica, pero esa energía se disipa en poco tiempo. Pareciera que desde adentro no hay intenciones reales de solucionar el problema. Solo se mantiene “la fachada” de querer hacerlo.  

La perspectiva positiva viene de la presión internacional con sus leyes y normativas que imponen al Paraguay. La última con fecha de implementación inminente es la del “Registro de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Final”, establecida en la Ley 6446/2019 sancionada el 29 de noviembre. Esencialmente busca el nombre de las personas físicas verdaderamente propietarias de las empresas, por detrás de creativas estructuras jurídicas. Como el disfraz o camuflaje del propietario puede ser un invento jurídico con nombres sofisticados, el concepto que define el propietario habla de quien acumule un importante derecho a voto o controle el directorio, y/o tenga un cargo administrativo superior, y/o sea el mayor usuario o beneficiario de los activos, y/o pueda designar o cesar parte de los órganos de administración/dirección. Y de esta forma va definiendo el derecho de la persona que, disfrazada de lo que sea, termine siendo el verdadero propietario, oculto en ropajes jurídicos o a través de otras empresas. Se terminó la era del llamado “prestanombres” o “testaferros”, tan usados durante décadas en nuestro país. La verdadera riqueza de cada persona debe  aparecer necesariamente, y allí muchos serán descubiertos.

Esto es un golpe contundente a los corruptos, desde los funcionarios del Estado hasta grandes empresarios, pues todo acto ilícito se evidenciará en un enriquecimiento ilícito, en la adquisición de un bien que no puede justificar con los ingresos genuinos. Nadie evade impuestos o coimea para no gastar, ya que lo hace para beneficiarse de un nivel de vida más alto de lo que puede comprobar.

En la era de la factura digital, de las transferencias electrónicas, de los pagos con tarjeta, donde los escribanos son obligados a informar, donde toda remesa o recepción de moneda extranjera debe tener explicación, nombre y apellido, toda transferencia de bienes y servicios deja rastro, todo se debe de justificar por anticipado sino se es excluido del sistema financiero. Entonces, ya no es posible usar el “dinero en negro” ni pedirle a alguien que lo guarde en su nombre mientras tanto. Solo los capitales en blanco podrán comprar, el dinero no declarado es como que no existiera, no tiene valor.

El mundo está cambiando tan rápidamente y de forma definitiva, que los típicos delincuentes y corruptos que nos rodean están obsoletos y no se enteran. Cuántas propuestas de operaciones milagrosas escuchamos, y es como si un “ser” del distante pasado se hubiera materializado frente a nosotros, que resulta hasta simpático lo que propone y cómo pretende ejecutar su arcaico “Business Plan”. El dinero que está dentro del sistema financiero tiene valor, y puede hasta salir del sistema, pero el dinero que ya esta fuera del sistema desapareció definitivamente, no entrará más, no tiene poder de compra.

Gracias a la enorme presión externa, y no por merito propio, y más rápidamente de lo que se piensa, el sistema coagulará e imposibilitará la corrupción, tanto de parte del Estado como dentro del sector privado, pues este flagelo no es exclusividad del sector público. Bienvenida la rápida digitalización del dinero!