Por Jaime Egüez, presidente del Club de Ejecutivos.

En estas semanas hemos experimentado como ciudadanos varias situaciones interesantes que nos deberían llevar a plantear cambios necesarios en nuestro accionar diario. Es algo prioritario el ciudadano formal, aquel que aporta con impuestos de varios tipos sobre su esfuerzo diario a la caja de ahorro, que será administrada por el Gobierno para ejecutar el plan de gastos y acciones que nos beneficien a todos. En especial, como las inversiones, pero también acciones que no nos benefician a todos por igual. Vale decir, como los planes sociales y la cobertura del déficit de las cajas de jubilación del Estado. En fin, todos estos que de alguna manera son pagados para dar una respuesta a un área particular a costa del esfuerzo de otros.

Lo dicho puede ser examinado claramente en el PGN 2022 a través de los múltiples análisis en los medios de lo que está en la mesa del Congreso para su estudio, modificación y aprobación. Históricamente, en casi todos estos años de democracia, el Congreso no ha tenido nunca una vocación de ajuste del gasto. En vez de esto nuestros congresistas han reformado el Estado, creando más y más gastos que en la mayoría de los casos son gastos rígidos, o sea, destinados a financiar un gasto adicional que perdurara en el tiempo. Estos gastos son subsidios de todos los colores, salarios adicionales de nuevos cargos, aumentos de salarios a funcionarios existentes, así como la creación de municipios nuevos, universidades… y la fiesta puede continuar casi indefinidamente. El político es un creativo del gasto, claro con recursos ajenos.

El país se encuentra en la puerta de un periodo que obliga no solo a la prudencia, sino también a la rigurosidad responsable con el gasto público. La población formal, que acabará finalmente pagando una nueva deuda, demanda a los responsables del análisis que mínimamente anulen su voracidad por aumentar el gasto público o trabajen en ajustar el plan presentado por el equipo económico liderado por Hacienda.

Estoy cada vez más convencido que la rigurosidad técnica en el manejo de los fondos públicos --sean gastos o inversiones, como también la deuda-- debe estar por encima de la política social. Y en el caso de nuestro país, de la política partidaria y prebendaria. Paraguay ha transitado años de excepcional ejecución económica gracias a la separación de estas dos áreas por su grado de especialidad y riesgo. Ejemplos de países en la región, donde modelos de poder, empujados por apetencias desmedidas de actores políticos, han llevado al caos productivo y de sostenibilidad económica.

La prelación en orden de importancia debe ser reconsiderada. Primero está el ciudadano formal que aporta impuestos con su esfuerzo. Luego están los profesionales del Estado que construyen las políticas públicas. Y, finalmente, los políticos que están en cargos “transitorios” de poder que, a la larga, son rentados con salario que el sector privado paga año a año. No nos engañemos, el político debe servir al ciudadano, no al revés. Y esto tenemos que gritarlo cada vez más fuerte.