Por Luigi Picollo, socio del Club de Ejecutivos.

Existe un consenso entre los economistas que hemos llegado al máximo nivel de endeudamiento del Estado paraguayo, por limitación de flujo de caja de pago del servicio de la deuda. En marzo/2024 el gasto de intereses sobre los ingresos totales de la administración central llegó al récord 12.5%. Y esto solo empeorará con el tiempo. En el periodo 2023 se pagaron US$ 715 millones en intereses, cuando en el mismo periodo el Ministerio de Educación costó US$ 1.242 millones, el Ministerio de Salud costó US$ 1.254 millones, y el MOPC costó US$ 1.066 millones.  Por lo que debemos priorizar problemas reales e inmediatos, que puedan ser resueltos a bajo costo.

Problema real: Accidentes de tránsito. De todas las muertes violentas, los accidentes de tránsito ocupan el primer lugar, le siguen los homicidios y suicidios. Los mayores incidentes viales ocurren en Asunción, Central y Alto Paraná. El 70% de los fallecidos son personas con menos de 40 años, concentrándose en la franja entre 20 y 24 años. Fallecen mas hombres en una relación de 5:1 con las mujeres. El 47% del total son motociclistas. En el área Capital, el 60% de los percances se halla involucrado una moto.

Impacto financiero: El Banco Mundial estima el costo de los accidentes de tránsito en Paraguay en 7,5% del PIB, siendo el porcentaje más alto de la región de América Latina y el Caribe. La tasa de mortalidad es de 22,7 por 100.000 habitantes, de las más altas de la región. Los accidentes de tráfico generan una carga significativa para las economías locales y nacionales. Los costos médicos y de rehabilitación asociados a las lesiones sufridas pueden ser abrumadores, impactando no solo a los individuos afectados, sino a toda la familia y también a los sistemas de salud públicos y privados. Provocan una pérdida de productividad laboral debido al ausentismo, las discapacidades temporales o permanentes, y en algunos casos, la imposibilidad de volver a trabajar. Esta disminución en la productividad afecta a las empresas y a la economía en general.

Semejante costo pone en peligro toda la agenda de desarrollo sostenible, donde todos esos millones de dólares podrían ser usados para construir hospitales, centros de salud familiar, escuelas, universidades, agua potable, sistema de aguas cloacales, tendidos eléctricos, rutas, viviendas. Ello, sin olvidar el empleo que esto generaría.

Causas: La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo revela que solo el 13% de los motociclistas utilizan habitualmente casco de seguridad al conducir, y solo el 20% de los automovilistas hacen uso del cinturón de seguridad. Existen diversos factores que contribuyen a que la accidentabilidad vial sea elevada: un transporte público deficiente, el fácil acceso para la adquisición de motocicletas, la falta de educación vial, rutas en mal estado, imprudencia, exceso de velocidad, alcohol, y el uso de celulares como el mayor elemento distractor.

Solución: La estricta aplicación de la ley vial existente imponiendo multas registradas por sistemas digitales. Esto ya se inventó en Brasil, donde se concesionaron a empresas privadas la instalación de cámaras inteligentes que automáticamente multan y facturan al ciudadano sin intervención de la policía. El privado realiza la inversión y paga el mantenimiento y se queda con un porcentaje de las multas, mientras que el sector público se ahorra en policías de tránsito, fiscalización, inversión, etc.

Resultado: El Estado no se endeuda más, el ciudadano aprende rápidamente ya que le afecta directamente el bolsillo, termina la corrupción pues las maquinas no son coimeables, disminuye la mortalidad y los costos de salud. Se evitan consecuencias socioeconómicas devastadoras, familias destrozadas y comunidades enteras en duelo. Estas pérdidas humanas representan un costo futuro incalculable en términos de potencial humano, talento y contribución a la sociedad.

 La solución es simple, ya funciona en Brasil, que está al lado nuestro, y es la mayor economía de Latino América y la octava del mundo. Hay que tener coraje político para implementarla a nivel nacional.