Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos.

Aunque muchas veces no nos percatemos lo que significa realmente la tan mentada estabilidad macroeconómica, que ha logrado nuestro país en las últimas décadas, es un bien público que debemos proteger y mantenerlo.

Un bien público es algo que beneficia a toda la población y es gestionado por el Estado a partir de determinadas políticas públicas. Mantener en el tiempo una inflación baja, por ejemplo, es un beneficio para toda la población y particularmente para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

Por supuesto que no se trata de un fin en sí mismo y tampoco una condición única y suficiente para el desarrollo, pero la estabilidad macro genera ciertas condiciones básicas y necesarias para construir un proceso sostenible de desarrollo.

En gran medida en los últimos años los análisis y sugerencias apuntaban más bien a ir desarrollando otros aspectos que complementen dicha estabilidad macro como, por ejemplo, el fortalecimiento de determinadas instituciones claves y los temas microeconómicos que afectan directamente a vastos sectores de la población.

Sin embargo, hoy volvemos a enfrentar un riesgo real e inminente de volver muy atrás, y afectar seriamente este bien público mencionado.

Esta contingencia es peligrosa en cualquier momento, pero en épocas electorales, las alertas se disparan y debemos estar muy atentos ante la gran cantidad de propuestas legislativas potencialmente muy perjudiciales que aparecen.

Hoy, probablemente la más peligrosa tiene que ver con un proyecto de Ley “que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos, jubilados de la administración central y del servicio civil”

Se refiere concretamente a la caja fiscal que hoy administra los aportes y jubilaciones de: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes nacionales y docentes universitarios que pertenecen al sector civil, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que pertenecen al sector no civil.

Actualmente la caja fiscal, como un todo, es deficitaria y solo este año tendrá un déficit enorme de unos 224 millones de dólares.

Si sumamos esto último al déficit acumulado desde el 2015, ya llegamos a los casi US$. 800 millones, que básicamente ha tenido que ser cubierto por el fisco, ya sea utilizando recursos de las reservas de los sectores superavitarios o directamente con impuestos recaudados.

Hoy existen 230.000 aportantes de estos 6 sectores mencionados y alrededor de 68.000 jubilados. Básicamente, los aportes no alcanzan para pagar a los jubilados y el déficit irá creciendo de manera sustancial y sumará la increíble cifra de US$. 2.500 millones para el 2029.

Si el referido proyecto de ley se llegase a aprobar, al déficit mencionado solo de este año habría que agregarle otros 400 millones de dólares. Es decir, le estaremos agregando más combustible a un fuego que ya tiene dimensiones enormes. Y la explosión será enorme.

En realidad, la necesidad imperiosa va exactamente en la dirección opuesta, vale decir, lo que precisamos son propuestas legislativas que busquen arreglar de alguna manera el problema de la caja fiscal, modificando algunos de sus parámetros para hacerlo más sostenible en el tiempo.

Porque además existe una tremenda inequidad entre estos sectores mencionados y hoy existen hasta 12 regímenes diferentes de jubilación dentro de la Caja Fiscal. Algunos se pueden jubilar antes de cumplir los 50 años, otros a los 55 y otros a los 62. Algunos con 25 años de aportes, otros solo con 20 y también lo que pueden recibir los jubilados como porcentaje de su salario varían por sectores.

De hecho, dentro de la mencionada Caja Fiscal, algunos sectores son superavitarios y otros enormemente deficitarios (los docentes nacionales y el sector no civil).

La jubilación es un derecho y hay que respetarla sin duda alguna, pero si esto no se arregla, la Caja Fiscal terminará explotando de alguna manera y ahí todos saldremos perjudicados.