Por Katy Guillen, socia del Club de Ejecutivos.

La lucha por espacios para mujeres u otros sectores no debe apeligrar al sistema democrático.

Las elecciones constituyentes en Chile dejaron esta semana varias sorpresas tanto dentro como fuera del país andino. Además de la bofetada del electorado al oficialismo, y a los partidos políticos en general, por su masiva predilección hacia candidatos independientes, la aplicación de una ley de paridad -que buscaba dar más participación a la mujer dentro del órgano que redactará la próxima Ley Suprema chilena- terminó en apariencias jugando en contra del género al que buscaba empoderar.

En las constituyentes pudieron haber ganado los hombres, o las mujeres. Pero en esa batalla, al parecer, el principio democrático de elegir a autoridades de acuerdo a sus méritos personales fue una baja colateral. El valor del voto de la gente está en entredicho, y sienta peligrosos precedentes no solo para Chile, sino para todo el sistema democrático.

El voto chileno eligió a 84 mujeres y 71 hombres, pero al aplicar el inédito mecanismo que reemplaza a candidato de acuerdo a su género para asegurar la paridad, la Convención quedó integrada por 78 hombres y mujeres.

Aunque parezca en este contexto que la aplicación de esta ley favoreció a hombres, en comicios anteriores ya regían en Chile leyes que buscaban impulsar la participación femenina en la arena política. Sin embargo, en la Cámara Baja, las mujeres tienen una representación del 22.7%, mientras que en el Senado son el 23.3%.

La ley aplicada en la Constituyente obligó a las listas que se presentaron a buscar y a incorporar a mujeres con capacidad de ganar.

El experimento chileno demuestra que se puede hacer más para no excluir a las mujeres de espacios de poder. Sin embargo, también plantea el desafío de hacerlo sin destruir pilares fundamentales de nuestros sistemas democráticos.