Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos

Desde hace muchos años, los meses que siguen a la presentación al Congreso del PGN son realmente de enorme incertidumbre y desconfianza.

Todos los años, estamos pendientes de las decisiones que toman nuestros 125 representantes, pues sencillamente en nuestro diseño constitucional ellos tienen la atribución de modificar  aquello que deseen en el presupuesto, aumentando gastos corrientes si así lo consideran, introduciendo articulados que pueden beneficiar o no a determinados sectores, asumiendo ingresos que pueden que nunca ocurran, definiendo empréstitos si con ello se pueden cerrar ciertas brechas.

Hubo momentos en que dichas decisiones representaron un cambio radical en las finanzas públicas. Es lo que ocurrió con el presupuesto para el año 2012, cuando el Congreso decidió por mayoría aumentar los salarios del sector público en un 34% en promedio.

Lo anterior  significó un aumento de 800 millones de dólares extras que se tendrían que destinar a partir de ese momento para el pago de salarios. Y no olvidemos que ese monto extraordinario, que equivale al 50% del fenomenal préstamo de emergencia que tuvo que encarar nuestro país este año para enfrentar los efectos de la pandemia, ya se repite año tras año.

Es decir, a partir de esta decisión de los representantes de los 7 millones de paraguayos que habitamos este país, el fisco debió destinar cada año esa suma extra de 800 millones de dólares, solo por el aumento de los salarios. Por cierto, a partir de dicho año los anteriores superávits fiscales que se habían conseguido durante varios años se acabaron. Y desde ese momento solo hemos tenido sucesivos déficits de los cuales ahora estamos lejos de poder salir.

Este año en particular, estamos en una situación sumamente delicada por todo lo que ha significado el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Y a diferencia de años anteriores, nuestro margen de maniobra en el manejo fiscal se ha reducido sustantivamente.

En esta situación de emergencia se supone que los tomadores de decisión deben comportarse de modo muy responsable, cuidando al máximo la estabilidad de nuestra economía, que sin duda alguna es un bien público. Es decir, dicha estabilidad no es algo que beneficia solo a algunos sectores como algunas veces se quiere dar a entender.

De hecho, cuando los países entran en esa fase de desorden y se pierde el control, por definición los más perjudicados son siempre los más vulnerables, la pobreza aumenta, al igual que la tensión social y todos perdemos. Es precisamente lo que está ocurriendo en varios países de nuestro continente.

Pero claro, ya debimos haber aprendido que no basta con intentar presentar las cosas de manera racional, mostrando evidencias de lo planteado y esperando que ello contribuya a que las decisiones que se tomen busquen preservar determinados bienes públicos y construir otros que hacen falta.

Es exactamente a ese desorden a donde nos dirigimos con las decisiones que se han tomado recientemente en el Congreso en relación al presupuesto para el próximo año. Nuevos gastos corrientes, más préstamos, escasas medidas para corregir determinados despilfarros, con los que se desconoce  irresponsablemente el momento que estamos viviendo.

Estos son momentos de inflexión en donde los liderazgos de los diferentes sectores deben ser capaces de exigir con mayor firmeza responsabilidad a nuestros representantes.

Es cierto, en una semana más, este tema del presupuesto estará cerrado y claramente estará bastante lejos de lo que precisamos en este momento tan especial post-pandemia.

Sin embargo, entraremos en la discusión super relevante de sacar adelante algunas reformas claves que serán presentadas al Congreso.

No podemos seguir permitiendo que las fuerzas del status-quo sigan decidiendo mantener un Estado cada vez más disfuncional para un verdadero desarrollo. ¡Que no lo tengan tan fácil!