Por Gabriela Teasdale, socia del Club de Ejecutivos.
Hemos sido testigos de diversos hechos violentos que aumentaron la sensación de inseguridad. Además de las causas estructurales que muchos sabemos, es una época del año en la que comienza a registrarse un movimiento económico mayor y eso puede dar paso a un incremento de este tipo de hechos. El caso es que cada día parece haber más noticias sobre asaltos y robos, que muchas veces enlutan a nuestras familias.
Si bien el gobierno dispuso algunos cambios al ser consciente del reclamo generalizado de la población, también reconoció la carencia de agentes capacitados adecuadamente para combatir el crimen y una cuestión que me pareció crucial y urgente de analizar: autoridades del orden público indicaron que varias de las personas que están saliendo a delinquir y son detenidas cuentan con prisión domiciliaria. O sea, son personas que ya fueron procesadas por la justicia por hechos probablemente similares y están de vuelta en las calles poniendo en peligro la seguridad ciudadana, generando caos y miedo.
Esto nos tiene que hacer reflexionar, no solamente sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana sino también en cómo se imparte justicia. Mejorar la eficacia de estas políticas es fundamental, no solo en Paraguay, sino en toda América Latina. Donde las altas tasas de criminalidad y violencia están a la orden del día. Según un reporte de Naciones Unidas de diciembre de 2020, con tan solo el 8% de la población mundial, la región contabiliza el 33% de todos los homicidios del mundo. 17 de los 20 países con las tasas más altas de homicidios a nivel global están en América Latina y el Caribe, que tienen índices de delincuencia muy por encima de otros países con niveles de desarrollo similares.
La prevención del delito y la violencia, el cumplimiento de la ley y la rehabilitación social de los presos son definitivamente materias pendientes en nuestros países. Y tomando en cuenta la problemática de inseguridad, quiero poner el acento en este último ítem: la rehabilitación social de los presos. Necesitamos dar más herramientas a estas personas para estimular sus habilidades blandas, para que tengan conciencia de sus emociones, mejoren su autoestima y comiencen un trabajo de adentro hacia afuera que pueda ayudar en su rehabilitación.
Es importante llegar con programas de liderazgo y valores a todas las instituciones de la seguridad pública. Y que esos programas sean sostenibles y tengan el acompañamiento adecuado para que sus resultados sean evaluados. Este tipo de acción coordinada, que abarque un universo importante de personas privadas de libertad, puede ser sumamente enriquecedora para nuestro sistema penitenciario. Porque si un interno se transforma, es probable que deje una lección que pueda impactar a otro, y así sucesivamente. Y esto puede redundar en la prevención de los delitos que hoy nos aquejan y estamos lamentando. Entonces, seamos intencionales desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil. Tomemos acción para combatir un problema que nos afecta a todos.
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