La ecuación es simple. Todos los ciudadanos, casi sin excepción, pagamos impuestos. Sea al comprar un producto pagando el IVA, impuesto a las ganancias empresariales o personales, entre otros. Ese dinero pasa de la mano del contribuyente a ser administrado por el Estado. No es su dinero, el Estado es un administrador del mismo solamente.
¿Por qué es importante esta básica aclaración? Porque debemos entender que cada guaraní que gaste el Estado es de nuestra incumbencia. Si el Estado gasta mal nuestros recursos deberíamos nosotros ocuparnos en protestar. Y levantar la voz sin dudarlo.
Estos días hemos visto cómo a los políticos (en su gran mayoría) no les interesa cuidar nuestro dinero. Casi todos tienen gran parte de su familia “acomodada” en el Estado, en diferentes instituciones, y de este modo despilfarran y saquean las arcas del Estado. Porque la gran mayoría de los egresos del Estado son pago de sueldos. Este acomodamiento es cada vez peor, la gente que ingresa no solo nos roba nuestro dinero, sino que hace ineficiente el Estado, porque el noventa por ciento de ellos no tienen ni la mínima preparación para los cargos que le “han regalado”.
Si sumamos, entonces, un Estado gigante pagando sueldos a quienes no merecen, más niveles de corrupción elevadísimos que también perjudican las arcas del Estado, el agujero que tenemos es gigante. No tenemos dinero para invertir, porque todo se lo llevan los gastos corrientes.
Pero no todo en tan nefasto. Se viene un proyecto de Ley que ayudará en gran parte a solucionar el problema de los “acomodados” sin justificación. El novel gobierno estaría presentando en breve un proyecto de ley de la función pública. Tal como ha mencionado el Ejecutivo la reforma del servicio civil establecerá reglas claras para el ingreso, permanencia y salida de los funcionarios públicos. Se ingresará a trabajar al Estado únicamente por concurso público y se pondrán excepciones muy específicas para los cargos de confianza. Es un paso importante, y todos los ciudadanos debemos apoyar esta iniciativa. Si no lo hacemos seguirán rifando nuestro dinero.
Sin duda este proyecto de ley generará roncha en los sindicalistas, que en su gran mayoría solo les interesa su bienestar, sin pensar en el país. Y seguramente algún medio de prensa amarillista le tirara palos, con tal de vender más. Pero es algo necesario, y esa ley debe aprobarse para mejorar las condiciones y las reglas del funcionariado público.
El gobierno del presidente Santiago Peña debe seguir por ese camino, de avanzar en proyectos que todo ciudadano de bien considere son necesarios. No debe flaquear ante las presiones, tanto internas --parte de su brazo político de manos sucias-- como de otros movimientos externos de presión que verán sus intereses mal habidos afectados.
Que la democracia no se limita simplemente a votar cada cinco años. Que la misma sea ejercida por todo el pueblo en cualquier momento. Buscando todos los espacios disponibles donde nuestra voz debe ser escuchada. Sea en la comisión de barrio, organización de la sociedad civil, gremio u otros espacios que nos permita manifestar nuestra democrática opinión, ya sea de crítica o apoyo a gestiones de nuestros administradores de turno.