Por Gloria Ayala Person, vicepresidente del Club de Ejecutivos.
El 1 de setiembre de cada año, el ministro de Hacienda presenta al Poder Legislativo el presupuesto para el siguiente año fiscal. Esta proyección permite visualizar el origen de los fondos como los impuestos, aranceles, tasas, multas y deudas. También la aplicación proyectada para ese dinero, que se destina a inversiones de infraestructura y gastos de capital, aunque prioritariamente a gastos corrientes.
Sabemos que si gastamos más de lo que ganamos solo tenemos dos alternativas de solución: endeudarnos o ganar más. Entonces, por el lado de los ingresos, se presiona al aumento de impuestos o a incrementar la base impositiva, de lo contrario no nos quedaría otra cosa que volver a endeudarnos, como ya lo hemos hecho a consecuencia de las inmensas demandas que enfrentamos por el Covid-19.
Por el lado de los gastos tenemos grandes bolsones de inequidad, donde los salarios a funcionarios y contratados se llevan mayoritariamente el dinero. Mientras se plantea en el presupuesto 2022 un aumento del 8% a los docentes, pero sin distinguir a miles de funcionarios con rubros de docente. Por tanto, se nos presenta un aumento sin tener en cuenta que realmente sean docentes y sin verificar que hayan cumplido las condiciones mínimas de capacitaciones y preparación.
Con una informalidad del 63% de los empleos, el Paraguay que trabaja grita desesperadamente sobre la imperiosa necesidad de reformas que permitan mejorar la demanda por contrataciones formales, condición sine qua non para que las familias puedan desarrollar una vida digna.
El Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) proyecta obras de infraestructura, pago de obligaciones, inversión en salud, educación y seguridad, gastos corrientes y, en suma, permite proyectar y definir la eficiencia y eficacia de los tres poderes del Estado.
Las empresas, comercios, emprendedores, ciudadanos, nos hemos ajustado financieramente respondiendo a los requerimientos de la pandemia, por lo que mínimamente esperamos de los parlamentarios mesura y respeto para no aumentar el presupuesto presentado por Hacienda.
Sabemos que enfrentaremos a los apetitos políticos desenfrenados frente al año electoral, también sabemos que quien paga para llegar, llega para robar. Así que, no sorprendería que pretendan meter sus garras en el presupuesto, debilitando aún más la difícil situación fiscal.
Exigimos transparencia, mesura y equilibrio presupuestario, también no permitimos recortar gastos de capital. Estamos altamente endeudados, lo que exige reducir los beneficios de unos cuantos operadores políticos.
Paraguay es el Estado con mayor tasa de crecimiento en el gasto público de toda Latinoamérica, duplicó su deuda externa con relación al PIB (17% en 1995 y 31% en 2020).
Por otra parte, el PGN es una norma jurídica donde el Legislativo ordena al Ejecutivo cómo disponer de los recursos para hacer frente a los gastos públicos. La misma ley ordena habilitaciones, prohibiciones o restricciones y dispone derechos y obligaciones a los administradores y los administrados.
Resulta prioritario suspender la discrecionalidad de cualquier ordenador de gastos (ministros) a que firmen acuerdos, que alteren y comprometan flujos de gastos en el ejercicio vigente o futuros sin la autorización expresa de modificación autorizada por el Congreso mediante una ley.
El presupuesto es la herramienta para contener, ordenar y racionalizar las eventuales conductas de la administración de los recursos públicos. También para evitar seguir cargando al contribuyente prestaciones que no van para su beneficio sino para sostener algunos esquemas de privilegio propios de sistemas clientelares y prebendarios.
El Paraguay necesita líderes políticos enfocados en la nación como interés superior. Exigimos que el dinero de los contribuyentes sea administrado con responsabilidad y transparencia.