Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos.

Hay suficiente evidencia de que la fortaleza institucional es, en general, una clave central para el desarrollo de los países. De hecho, en el largo plazo casi todo se explica a partir de que dicha realidad esté presente o ausente.

Por ello, preocupa mucho la enorme degradación institucional que estamos sufriendo como ciudadanos y que, en definitiva, implica un freno brusco a la posibilidad de aprovechar algunas oportunidades interesantes que se le presentan al país.

Lo más notorio en este momento es la situación de las instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos, tanto física como jurídica. La corrupción, la ineficiencia y las propias organizaciones criminales, han inficionado profundamente la Policía Nacional, la Armada, el Poder Judicial y el propio Congreso, solo por citar algunas de las principales.

Estamos asistiendo a la consecuencia lógica de tantos años de  gran contaminación política de la peor clase en estas instituciones. Salir de esta verdadera podredumbre no será nada fácil, pues básicamente se requiere una nueva concepción de Estado y mucho coraje y liderazgo para impulsar cambios profundos.

En esta lógica perversa, en realidad le ha resultado bastante fácil al narcotráfico y al crimen organizado ir metiéndose con fuerza en muchas de estas instituciones. Después de todo, se trataba solo de estar dispuesto a “invertir” recursos económicos en cantidad, algo que había en abundancia, precisamente fruto de tantas actividades ilícitas.

Y cuando no se trata de corrupción pura y dura, vemos en tantos lugares la falta de capacidades mínimas para enfrentar de manera más profesional las crecientes y variadas demandas ciudadanas.

En estos casos, la consecuencia directa es el maltrato que sufre cotidianamente el ciudadano. Podemos estar hablando del transporte público, de la protección social, del acceso a medicamentos, del derecho a una educación de mejor calidad o simplemente de trámites burocráticos. Con ello,  vemos constante y sistemáticamente el irrespeto hacia las personas y los contribuyentes.

La falta de planificación, la desidia, la poca profesionalidad, la improvisación están tan presentes en el día a día de nuestra burocracia estatal, generando una sensación  creciente de malestar y descontento. Esto, en el marco de una población cada vez más demandante y exigente, es un coctel muy explosivo y de real cuidado.

La clase política y, particularmente, los tomadores de decisión, responden en su mayoría a esta realidad con discursos “políticamente correctos”. Pero cuando llegan los tiempos electorales, se enfrascan en las tradicionales luchas internas, relegando totalmente cualquier posibilidad de iniciar algún proceso de cambio un poco más profundo e importante.

Un buen ejemplo de esto es la propuesta de Ley de Reforma de la Función Pública y del Servicio Civil, anunciado al más alto nivel con bombos y platillos y convocando a muchos actores para su presentación. ¿Alguien tendría aún alguna esperanza de que esto pueda ser tratado en este año electoral? La respuesta es tristemente obvia.

Es realmente penoso constatar que ni siquiera la crisis profunda que tuvimos en el sistema de salud, ha servido para iniciar un proceso de reformas más profundo en dicho sector.

Claramente, nada de esto se puede llevar adelante sin liderazgos políticos diferentes pues en definitiva, si queremos configurar otro tipo de instituciones más funcionales al desarrollo, nuestra clase política -tomadora de decisiones- debe entender a cabalidad el nuevo orden social que se viene con fuerza.

Desde la sociedad civil, debemos seguir presionando y exigiendo, a la vez de involucrarnos más activamente en la construcción de mejores bienes públicos, desde donde nos toque estar.

En suma, debemos frenar ya la degradación institucional.