Por Mirian Rojas, socia del Club de Ejecutivos.
Paraguay evidencia débil desempeño en la integridad pública.
Los brazos de la corrupción empañan la credibilidad hacia las instituciones públicas y las empresas contratistas. Así la corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado. Promueve la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos y oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política.
Es importante que las instituciones sean respuesta estratégica y sostenible a la corrupción. La integridad pública es parte fundamental en el sistema de gobernanza de las estructuras públicas. Promueve la confianza en el sistema, sin la cual, existe el riesgo de deteriorar las percepciones de los ciudadanos sobre la legitimidad del gobierno y sus políticas.
Por tanto, esto podría debilitar la participación ciudadana en cuestiones políticas, o incluso, en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Si esta situación se mantiene en el tiempo puede producirse un grave daño en contra de la capacidad del Estado para financiar y prestar servicios públicos de calidad. Lo cual genera un círculo vicioso que reduce la satisfacción ciudadana, socavando el pacto social, y amenazando fuertemente la productividad y el crecimiento económico sostenible.
La integridad es esencial para construir instituciones sólidas y más eficientes, con economías más productivas e inclusivas. Se trata de restablecer la confianza en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos y las empresas. Debemos analizar en profundidad y de manera comparada cómo avanzar en la lucha contra la corrupción y promover un cambio sistémico, que reconozca y aborde los principales desafíos en materia de integridad pública.
La gran cuenta pendiente del Paraguay se relaciona con la necesidad de trascender lo formal, para lograr un cambio real en las conductas, promoviendo incentivos y prácticas de manera efectiva
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