Por Luigi Picollo, Vicepresidente del Club de Ejecutivos.
Lo más seguro para un funcionario público es dar continuidad a lo que el anterior estaba haciendo, pues esencialmente es un empleo adverso al riesgo y a la innovación. Entonces se continúa emitiendo deuda para ejecutar obras públicas e inversiones necesarias. La fórmula se repite en el 2019, con una emisión de bonos de US$ 600,000,000 y una enorme presión de gastar a como de lugar. Los gremios privados piden que se gaste más, lo que implica necesariamente la ampliación del endeudamiento soberano, y su natural consecuencia serán impuestos más altos en el medio plazo. La consecuencia de esta fórmula ya lo estamos viviendo. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que podemos continuar emitiendo deuda sin que el Estado aumente la presión impositiva? No nos ofendamos por el aumento de impuestos, es un lógico efecto de esta estrategia.
La única formula sostenible en el tiempo para no aumentar impuestos es que las inversiones las haga el sector privado. El sector privado tiene una capacidad infinita de inversión, muy superior a la capacidad de endeudamiento del Estado. Además es mucho más eficiente en ubicar recursos y más rápido en ejecutar y atender a las necesidades del mercado y la población. Para que este potencial sea liberado, el funcionario público deberá hacer lo que tanto teme: “innovar en la gestión del país”.
“Innovar” es promover al país en sus aspectos de oportunidades de inversión privada, como son concesiones de rutas y puentes, privatización de líneas de alta tensión, generación de energía en lugares remotos, tercerización de servicios informáticos, de mantenimiento de todo tipo de maquinarias y equipos, subcontratación de infraestructura médica, realizar leasing en lugar de compra de vehículos, y miles de ejemplos más. Gran parte de lo que hace y necesita hacer el Estado hoy lo puede realizar el privado poniendo su propio capital en riesgo. De hecho, industrias enteras se han privatizado en países limítrofes.
El primer candidato para invertir es sin duda el propio empresario paraguayo, buscando proyectos menores. No nos engañemos, en países emergentes como el nuestro, y pese a la escasa tradición internacional, el primer real inversionista es el empresario local que repatria el dinero que tiene guardado afuera, aun cuando no lo haya declarado. Moral a parte, el blanqueo de capitales en negro lo han hecho reiteradamente Argentina y Brasil. Existe muchísimo dinero paraguayo no declarado. Nuestro mayor inversionista ya está adentro.
Recién en un segundo momento, tímidamente, entrarán inversionistas extranjeros, de la mano de empresarios paraguayos. Las fórmulas son compra parcial de acciones, acuerdo de representación, alianzas estratégicas, consorcios, y otras fórmulas mixtas. Hemos visto que los road shows realizados en el extranjero, frente a grandes empresas multinacionales, no han producido ningún resultado. Los grandes no vienen de una, vienen despacio de la mano del local que les facilita la entrada en este país, donde solo algunas de todas sus reglas están “escritas”.
Estamos próximos a conseguir los requisitos más difíciles para concretar esta gran cantidad de inversiones (relativamente a los países de la región): estabilidad política y baja inseguridad, ambiente legal y regulatorio aceptable, previsibilidad macroeconómica y tasa de cambio predecible, bajos impuestos, entre otras.
Nos falta lo más “fácil” que es decidir hacerlo y empezar un gran frente de concesiones y proyectos público-privados. Dejar de lado el miedo a innovar en la gestión pública y abrirse al mercado privado compartiendo abiertamente las necesidades de inversión que el Estado ya identificó. Asimismo, ajustar el marco jurídico y reglamentario para que sea aceptable al financiamiento privado, y substituir endeudamiento soberano por inversión privada Paraguaya. El trabajo para que esto se concrete es mayor que simplemente emitir bonos, pero es mucho más duradero, sostenible, sobre todo ¡fomenta el progreso y es más patriótico!