Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos 

Al entrar de lleno en un año electoral, hace rato que surgieron las preocupaciones sobre el comportamiento de la clase política ante el manejo de las finanzas públicas en momentos donde la lógica populista parece exacerbarse.

Esta situación es aprovechada por diferentes grupos que encuentran la ventana de oportunidad para inundar de solicitudes de ajustes presupuestarios y nuevos beneficios. No caben dudas de que un país con muchas limitaciones como el nuestro, varios pedidos pueden ser considerados incluso muy justos, mientras otros no tienen sentido alguno en términos de prioridades.

Esta dinámica socio-política no es algo nuevo y se presenta en mayor o menor medida en cada momento electoral. El problema está cuando las cosas empiezan a desbordarse alocadamente y ponen en riesgo décadas de esfuerzo para lograr algún tipo de responsabilidad fiscal y previsibilidad en las cuentas públicas.

Dada la impresionante cantidad de leyes ya aprobadas, y otras en estudio, que plantean básicamente menores posibilidades de recaudación fiscal y más gastos, estamos ante un peligro inminente de descalabro fiscal que tendrá consecuencias extremadamente negativas para nuestro país en muchos sentidos.

No puede haber un peor momento para comportarse de manera tan irresponsable en el tratamiento de esta avalancha de pedidos. Estamos saliendo de a poco de cuatro años excepcionalmente negativos para nuestra economía. La sequía del 2019 que afectó negativamente a nuestra producción, la pandemia de los años 2020 y 2021 y de vuelta una fuerte sequía en el 2022, han golpeado con mucha fuerza a nuestras cuentas nacionales.

Solo como ejemplo, en los años 2019 y 2020 la recaudación impositiva disminuyó en cerca de 700 millones de dólares en total y, por supuesto, los ajustes para cerrar las cuentas se hacen en detrimento de las inversiones, y a la postre de la calidad de los servicios públicos. O directamente el país se debe endeudar agresivamente, como de hecho también ha ocurrido en estos años.

Como si esto fuera poco, los ingresos extraordinarios que tenemos como país a partir de los royalties y compensaciones de las binacionales también sufrieron una fuerte reducción, producto igualmente de la menor producción de energía por la histórica sequía.

Esto ha generado que el déficit fiscal haya crecido de manera significativa, ya que desde el año 2019 estamos por encima del 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que puede ser considerada como un déficit aún controlable en el mediano plazo.

Es precisamente en este contexto tan negativo, en donde estamos viendo absortos el descontrolado intento de aumentar los niveles de gasto público con aumentos salariales, ampliaciones de beneficios e indemnizaciones de cumplimiento imposible como la otorgada por ley a los ex funcionarios de las empresas contratistas de Itaipu (940 millones de dólares!!).

Pero además, como para configurar la tormenta perfecta, se plantean al mismo tiempo una serie de exoneraciones e iniciativas que reducen los ingresos fiscales por unos 400 millones de dólares más.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha vetado prácticamente todas las leyes aprobadas por el Congreso, y que plantean los aumentos por un lado, y las exoneraciones por el otro.

Sin embargo, el veto puede y está siendo levantado por los legisladores en algunos casos. Si seguimos en esta línea, el daño estará consumado y el ajuste se tendrá que dar con más limitaciones a las tan necesarias inversiones, más deuda pública ya en zona roja, o nuevos impuestos o una mezcla de todos estos elementos.

Nuestros representantes están jugando con fuego y poniendo en peligro un bien público que nos costó mucho construir: la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad y orden fiscal.

Este bien público no es un fin en sí mismo, pero  es una condición necesaria -aunque no suficiente- para el desarrollo.

¡Exigimos un comportamiento más responsable!