Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos
Creo que en nuestro país podría existir un consenso amplio sobre la importancia que tiene la educación superior. Busca la formación personal y profesional de las personas, produciendo conocimientos y el desarrollo del saber en las diversas disciplinas. Es un bien público y por lo tanto el Estado debe crear las condiciones para su verdadero desarrollo.
En nuestro país, son instituciones de educación superior las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional (de formación docente y los técnicos-profesionales). Las mismas están regidas por la Ley 4995 de Educación Superior que entró en vigencia en el 2013.
Esta ley tiene como objetivo regular de manera conveniente al sector, buscando corregir el descontrol que existía en cuanto al proceso de creación y funcionamiento de las instituciones de educación superior. Para ello fue creado el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
Sin embargo, cuando miramos en retrospectiva, lo que vemos es que pasamos de un sistema prácticamente sin ninguna regulación a un sistema sobre regulado, con un CONES institucionalmente débil, con enormes ineficiencias en su funcionamiento y que se ha vuelto una verdadera traba para un normal desarrollo del sistema de educación superior.
Existen determinados principios que deben ser protegidos si pretendemos construir un sistema de educación superior que agregue valor a la sociedad paraguaya.
Debe ser un sistema que proteja la autonomía universitaria responsable, que de hecho está consagrada en nuestra propia Constitución Nacional.
Debe promover la igualdad de oportunidades para todos los jugadores del sistema, sin distinciones que puedan generarse de manera sumamente irregular.
Debe ser pertinente y de calidad, es decir, estar acorde a las realidades y necesidades de nuestra sociedad en general para responder en consecuencia, en tiempo y forma.
Ninguno de estos principios, se cumplen actualmente en el sistema regulado por el CONES que, además, hoy está sumido en un fuerte conflicto institucional, pues sus autoridades tienen el mandato vencido y continúan en el cargo gracias a una medida cautelar de dudosa legitimidad.
De qué pertinencia, igualdad de oportunidades o respeto a la autonomía universitaria podemos hablar cuando el organismo regulador puede tardar en algunos casos más de 5 años para aprobar determinadas carreras y en otros casos, solo algunos meses.
Claramente el CONES está sumido en una tremenda incapacidad para responder de manera responsable a las necesidades y la dinámica que se plantea en nuestra sociedad y con ello la está perjudicando directamente.
Sin bien es cierto que la propia ley de Educación Superior tiene algunas falencias claves, como por ejemplo, la propia gobernanza del CONES, en cuya conformación se pueden generar potenciales conflictos de intereses, no es menos cierto que incluso con este marco normativo actual, se pueden impulsar iniciativas que dinamicen positivamente el funcionamiento del sistema.
Pero para ello se requiere voluntad política y un claro liderazgo que hoy no existe en una mayoría de los que conforman el Consejo. De otra manera, no se puede explicar la situación actual.
El funcionamiento del CONES debe estar bajo el escrutinio público y se debe generar la suficiente presión social para que las voluntades políticas que hoy no existen modifiquen su comportamiento y empiecen a comportarse de manera más responsable en función a lo que exige la sociedad actualmente cuando se trata de la educación superior.
La regulación debe existir, pero una moderna e inteligente que genere los incentivos adecuados para promover un sistema de calidad, en beneficio de toda la sociedad y en particular de los jóvenes paraguayos quienes merecen una educación que les permita ser competitivos a nivel mundial.