Por Katy Guillén, socia del Club de Ejecutivos

La reciente aprobación en el senado de la Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” movió a diferentes sectores de la sociedad.

Más allá de que la ley sea acertada o no, el procedimiento, desde su planteamiento hasta su maratónica aprobación, es un modelo anacrónico y arbitrario que la ciudadanía ya no “compra” ni valida.

Las leyes son instrumentos para el ordenamiento de la sociedad y para buscar el bien de esa sociedad y de los gobernados. Estos, en consecuencia, deben ser oídos en el proceso de elaboración de toda ley, porque la sociedad, en sus diferentes manifestaciones, recibirá el impacto de su aplicación.

La manera en que se manejan los asuntos públicos es el reflejo del tipo de autoridad que se quiere ejercer. Y en un sistema democrático va mucho más allá del acto electoral. Si esa autoridad, que procede de los votos recibidos, no se ejerce en el respeto a las minorías se deslegitima y se convierte en una dictadura de hecho aunque se vista de democracia.

Durante el año legislativo que se cumplió a inicios de julio se han visto imposiciones a votazos que quitan autoridad moral a leyes necesarias y medianamente bien formuladas, así como a proyectos como el recientemente aprobado en el senado a pesar de los numerosos cuestionamientos que ha recibido.

Resulta difícil erradicar el modelo autoritario que durante mucho tiempo rigió la vida en el Paraguay, y que arranca desde el día a día de las relaciones personales o comunitarias hasta el ámbito superior de la política. Sin embargo es imprescindible hacerlo si se quiere construir una sociedad verdaderamente democrática. E ncluso republicana.