Por Gloria Ortega, socia del Club de Ejecutivos.

Mucho se habla de subsidios y ayuda a las personas, tanto dentro de programas del Estado como así también por situaciones de emergencia. Estos subsidios, muchos de ellos monetarios, son distribuidos a los beneficiarios en efectivo, o mediante largos trámites presenciales que requieren largos viajes y espera por parte del ciudadano.

Esta problemática ha generado la necesidad de tecnologías para facilitar la llegada de estos beneficios a las personas correctas. Estas plataformas en general se conocen bajo el nombre de TEB (Transferencias Electrónicas a Beneficiarios).

El problema fundamental con la que se encuentran estas tecnologías es: ¿Cómo identificó correctamente al beneficiario en forma remota y a través de internet? ¿Cómo evito que un tercero se haga pasar por un beneficiario y reciba la transferencia cometiendo de esta forma un fraude?

Estos problemas se están resolviendo en la mayoría de los países mediante la identidad digital. Esta herramienta es la que transformó Estonia, país mundialmente conocido por su revolución digital, y la que asimismo está generando en Chile un sistema único de atención al ciudadano llamado “Chile atiende”, donde con una clave única el ciudadano queda identificado para cualquier trámite sin ir presencialmente.

Nuestro país ha iniciado el proyecto de la cédula electrónica, y se está tratando una ley de servicios de confianza que podría permitirnos proyectos de identidad digital. Pero estas innovadoras iniciativas no lograrán cambiar nuestra forma de gestionar los beneficios, sin la voluntad de las instituciones y los funcionarios que deben adoptar nuevos procesos y por lo tanto deben adquirir nuevas habilidades.

El Paraguay requiere instituciones más fortalecidas, funcionarios más capacitados en habilidades digitales y normativa más adaptada para que los pagos a beneficiarios sean eficientes, lleguen a tiempo, sean transparentes y eviten fraudes o malas prácticas que generen el indebido uso de los fondos. Las tecnologías y plataformas de Transferencias Electrónicas a Beneficiarios (TEB) generan datos que permiten no solo transparencia pública, sino al mismo tiempo mediciones e indicadores para mejorar las políticas públicas relacionadas a protección social evitando duplicaciones y desperdicios, a la vez de asegurar datos oportunos y precisos para mejores decisiones.

Los proyectos como Pytyvo, Ñangareko y otros ya iniciaron el camino. Pero debemos institucionalizar el sistema digital de pagos a beneficiarios para llegar en tiempo y forma. Y de ese modo asegurar que el beneficiario cumpla adecuadamente las condiciones para recibir el beneficio. Las tecnologías ya existen, su implementación y adopción dependen de nosotros. Y es de esperar que en el menor tiempo posible podamos utilizarlas de manera eficiente y en fomento del bienestar social.

Nuestro país no puede quedarse al margen de los avances exponenciales de las tecnologías. Los mismos deben estar al servicio de todos, tal como se pretende con la identidad digital, como instrumento que facilita las relaciones entre las entidades públicas y los ciudadanos, al igual que la mayor fidelidad de los datos. Y en las circunstancias como la que estamos viviendo, su utilización correcta es una póliza de seguro para que el Estado esté presente allí donde la sociedad lo necesita.