Por Katty Guillen, socia del Club de Ejecutivos.

El Parlamento se dio carta blanca para engañar en sus declaraciones juradas.

Mentira, engaño, ocultamiento, embuste… son sinónimos que reflejan la legalización que realizó el Senado pocos días atrás al proyecto de ley cocinado en Diputados, por el cual se despenaliza las declaraciones juradas falsas o incompletas de sus miembros y del funcionariado público en general.

Una herramienta que tenía como finalidad la transparencia y el control ciudadano, se convirtió en un grotesco formulismo sin valor ni sentido. Hubiese sido más honesto dar de baja la Ley que convertirla en la burla que es hoy.

Si bien el proyecto pudo haber salido de un sector político, los votos a favor, la abstención o el ausentismo que lo validaron y lo legalizaron, estuvieron teñidos por casi todos los colores partidarios.

Es un abuso de poder, es una sin razón más, proveniente del colegiado que debería legislar para el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones.

El Parlamento ha venido minando su credibilidad en forma sistemática; sus actores, aunque elegidos por nosotros, no nos representan.

En pleno periodo político en el que se van definiendo candidaturas a la presidencia y a los escaños parlamentarios, se convierte en un mensaje claro de que un parlamentario cree estar por encima de la gente.

Existe hoy una legalización de la mentira, ante la que se abren aún dos alternativas: el veto presidencial que no avale esta nueva patente de corso auto otorgada o una fuerte reacción ciudadana.

Como ciudadanos, podemos mostrar nuestro repudio con el vigor suficiente para deslegitimar esta ley y que nos escuchen sus autores. Si su respuesta es el silencio, usemos la arrolladora fuerza que tienen nuestros votos para mostrar que nadie puede permanecer absolutamente impune: “Ha jajotopata tape ku´ape”.