Por Gloria Ortega, socia del Club de Ejecutivos.
La protección social ha tenido siempre instituciones de acuerdo con el segmento de la población que protege, al tipo de situación o simplemente a la geografía de la población sujeta a dicha protección. Es así como en nuestro país múltiples instituciones funcionan misionalmente para proteger a la población en algunas de estas dimensiones, siendo algunos ejemplos las instituciones públicas de protección a la niñez y adolescencia, a indígenas, a la mujer, a la tercera edad, a la extrema pobreza, etc. Muchos de estos programas se dispersan en instituciones como vice-ministerios, secretarias, Ministerio de desarrollo social, ministerio de hacienda, etc. Para situaciones de respuestas a choque está la Secretaría de Emergencia Nacional, que agrupa varios programas. A nivel geográfico se tienen gobernaciones, municipios y oficinas del Gobierno central dispuestas en todo el territorio nacional.
Con la llegada de las tecnologías, pero sobre todo con la digitalización de los ciudadanos de estas poblaciones vulnerables, se presentan nuevos desafíos de cómo encarar una protección social integral, adaptable, certera, oportuna, suficiente y transparente, que además de brindar la ayuda necesaria permita el desarrollo y el bienestar de los que la reciben mediante mecanismos como oportunidades laborales, emprendedurismo, inclusión financiera, capacitación laboral, para que no requieran de ayuda directa toda su vida. Para poder encarar esta nueva protección social integrada se deben tener en cuenta las diferentes etapas por la que los mecanismos deberían pasar. Y que, al analizarlos, dejen ver que la problemática ya no requiere de múltiples instituciones sino de una visión única, holística, ordenada, y con una arquitectura de entrega y gestión integral de la protección social tan necesaria en nuestro país.
Estas etapas se pueden clasificar en cuatro según el Banco Mundial. (i) La primera es el relevamiento de cuáles son las tipologías y necesidades de protección social integrada, dónde puedan identificarse los desafíos de protección social recurrentes y condicionados como, por ejemplo, apoyo a embarazo adolescente, extrema pobreza, nutrición infantil o capacitación. Así también existen otros desafíos que requieren asistencia temporal y focalizada. (ii) La segunda es la del enrolamiento de los ciudadanos sujetos a esta protección social, donde se debe incluir la elegibilidad de los ciudadanos y su identificación. Las dos formas de lograr este enrolamiento son por autogestión como fue el caso del programa Pytyvo, o mediante un registro social único, actualizando, completo, con cruces de bases de datos administrativas del Estado. (iii) En la tercera deben proveerse estos beneficios a los ciudadanos elegibles y seleccionados, sean estos beneficios de asistencia alimentaria, de salud, de educación, o transferencias monetarias condicionadas de fondos que pueden ser depositadas en medios de pago debidamente regulados en el sistema financiero o por mecanismos digitales que permitan la identificación adecuada del beneficiario. (iv) Finalmente la última etapa es la gestión integral que incluye la infraestructura tecnológica requerida, la info estructura, el cumplimiento con la normativa y regulación vigente, la gobernanza, la trazabilidad, auditabilidad y conciliaciones de fondos, así como las mediciones de impacto en los programas sociales y su rendición de cuenta.
Como conclusión, si contamos con identidad digital del ciudadano, interoperabilidad entre instituciones del Estado, gestión tecnológica integral que permita servicios altamente eficientes y digitales, con mecanismos de control y rendición de cuentas que puedan llegar a todos los rincones del país, ya no necesitamos tantas instituciones, sino más bien servidores públicos que gestionen estas tecnologías para brindar protección social digital a ciudadanos digitales y no digitales.