Por Héctor Sosa Gennaro, socio del Club de Ejecutivos.

EL COVID-19 demostró la imperante necesidad de una reestructuración del Estado.

Las realidades que surgieron como consecuencia de la pandemia alertaron a la sociedad paraguaya ante la existencia de un Estado anacrónico, incapaz de hacer frente a las necesidades de sus conciudadanos, y sobre todo con una capacidad de respuesta muy poco eficiente.

El principal factor detectado como básico para el inicio del proceso es la necesidad de la descentralización de las instituciones. Es fundamental, por ejemplo, dotar a las gobernaciones de una autonomía real, que no permita estar pendiente de que el gobierno de turno que sea de otra bandería política pueda afectar al desarrollo o progreso de una zona determinada.

Las superestructuras en las que se convirtieron las instituciones públicas gracias al clientelismo político, no solo afectan económicamente los ingresos del fisco, sino que también --por lo complicado de sus estructuras administrativas-- son absolutamente obsoletas e incapaces para cumplir sus funciones por la excesiva burocracia de su organización.

La mejor forma de luchar contra la informalidad y la corrupción es a través de la designación de personas probas y honorables en los cargos públicos, y una reestructuración quirúrgica de las diferentes instituciones públicas para lograr excelencia en los servicios, teniendo como objetivo la primacía del interés general por sobre el particular, de tal forma que el ciudadano pueda disfrutar del fruto del pago de sus  tributos, traducido en obras y en un Estado funcional.