Por Gloria Ortega, socia del Club de Ejecutivos.
La región de América Latina y el Caribe ha visto cambios considerables en los últimos 20 años con respecto a los servicios digitales, incluido un mayor uso de internet y una creciente penetración de telefonía móvil. No obstante, cerca de 300 millones de personas no tienen acceso a internet, y aún quedan por resolver problemas importantes relativos a asequibilidad, infraestructura y demanda.
Los países de la región tienen distintos niveles de evolución con respecto a su desarrollo tecnológico y la penetración de pagos digitales, lo cual ha impedido hasta el momento lograr una solución “modelo único” de pago de subsidios sociales. La rapidez con la que los gobiernos adoptan los pagos electrónicos para consumidores y empresas depende de factores tales como: la infraestructura disponible, el contexto socioeconómico, los medios de pagos digitales, canales disponibles y nivel de alistamiento de la población objetivo para incorporar los mecanismos innovadores.
Con los programas de transferencias monetarias por la pandemia, Paraguay se ha posicionado entre los países que mejor uso ha hecho de sus recursos normativos y de la infraestructura existente a través de alianzas con el sector privado para aprovechar los canales de pago y mejorar la focalización para los beneficiarios destinatarios de los programas sociales. Algunos de estos recursos fueron las billeteras electrónicas de masiva presencia en la población, así como las redes de puntos de venta en comercios adheridos que actuaron como “bocas de pago”. Solo que en este caso fueron “bocas para compras”, generando movimiento económico en las poblaciones más lejanas mediante el flujo comercial entre beneficiarios y comerciantes para mover la microeconomía de prácticamente todas las poblaciones de Paraguay, que fue clave en un momento donde todos estábamos en cuarentena.
En este momento hay muchos estudios acerca de la forma cómo los países reaccionaron y gestionaron pagos de subsidios por la pandemia, con desafíos como las aglomeraciones por la falta de registros sociales actualizados. Entre las lecciones aprendidas, sobresale necesidad de una sólida interoperabilidad entre los programas sociales y el sistema financiero para canalizar los pagos de protección social, además de la imperiosa necesidad de la integración tecnológica de los programas sociales entre sí a través de plataformas que permitan una mejor trazabilidad, control de gestión, capilaridad de acceso e inclusión financiera. Ello, como parte del impacto que los fondos transferidos a beneficiarios deben generar. En otras palabras, el beneficiario debería elegir dónde quiere recibir sus fondos, y todos los programas de protección social deberían estar integrados en un solo sistema que permita identificar quién recibe los fondos sin importar de qué programa vengan.
Pero la mayor lección aprendida --en un momento en el que vivimos recibiendo noticias de fraudes, malversación de fondos y situaciones donde los fondos no llegan a quien deben llegar o se paga demasiado para que lleguen-- es que las tecnologías pueden ser el gran aliado de la transparencia, de los datos abiertos, de la trazabilidad y de la honestidad para los programas sociales del Paraguay. Necesitamos desarrollar y masificar la identidad digital, la interoperabilidad entre instituciones públicas y con el sistema financiero, un sistema nacional de pagos sólido. Y con plataformas integradas de programas de protección social para lograr la verdadera inclusión social y el progreso de los beneficiarios.