Por Antonio Espinoza, director del Club de Ejecutivos.
El reciente proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, estableciendo penas draconianas a objetores de conciencia al servicio militar, provocó fuertes reacciones de jóvenes y adultos de todas las edades. Es inevitable que con este motivo surjan cuestionamientos no solo al propósito del servicio militar, sino a la finalidad de las fuerzas armadas y su capacidad de cumplirla.
La Constitución de la República del Paraguay establece que la misión de las Fuerzas Armadas “es la de custodiar la integridad territorial”. Por “integridad territorial” se entiende no solo que el territorio nacional no sea ocupado por fuerzas militares extranjeras, sino también que en toda ella rija la soberanía nacional y la capacidad del Estado de ejercer su potestad constitucional.
Con grandes extensiones del país controladas por organizaciones criminales de narcotraficantes, contrabandistas y seudo-guerrillas extorsionadoras y secuestradoras, donde la fuerza pública no puede o no se anima a ejercer su autoridad, es evidente que hoy nuestras fuerzas armadas no están cumpliendo su misión. Aun con grandes erogaciones presupuestarias y la pérdida de numerosas vidas, unidades especiales como la Fuerza de Tarea Conjunta no han podido recuperar el control de estos territorios. Allí, la “integridad territorial” está gravemente lesionada, y los delincuentes, nacionales y extranjeros, operan con notoria impunidad.
En vez de dedicarse a perseguir a jóvenes que, con toda razón, dudan del valor del servicio militar tal como se practica hoy, sería preferible que nuestros legisladores, y la sociedad toda, dedicasen tiempo, pienso y creatividad a considerar cuál debe ser la configuración de nuestras fuerzas armadas para custodiar la integridad territorial de las amenazas que la cercenan. Existe un dicho que “los generales siempre se preparan para pelear la última guerra”. Nuestra última guerra fue hace 90 años, y aparte del ejemplar heroísmo de los combatientes de entonces, tiene muy poco que aportar como modelo para combatir las nuevas amenazas a nuestra soberanía, y las del futuro.
Las mafias que hoy controlan estos territorios están generosamente fondeadas con el lucro de sus negocios de narcotráfico, contrabando, secuestro, y lavado de dinero de diversas y oscuras procedencias. Estos nuevos enemigos de nuestro país no serán derrotados con tanques ni cañones, y mucho menos con batallones de imberbes reclutas arreados contra su voluntad al frente de lucha.
Lo que si necesitamos son equipos profesionales comprometidos y capacitados para operar sofisticados instrumentos de intercepción y monitoreo de comunicaciones, de interpretación de imágenes satelitales, y una refinada gestión de servicios de inteligencia e infiltración. Sobre todo, es imprescindible una probidad a prueba de los más seductores incentivos. “Plata o plomo” es la oferta de los delincuentes, y se requiere de mucho temple y patriotismo para resistir esta propuesta.
Nuestra Constitución establece la obligatoriedad del servicio militar, pero no estipula su modalidad ni su duración. Podemos imaginar, por ejemplo, que consista en la participación en talleres de instrucción y capacitación sobre valores ciudadanos, la importancia de la soberanía y los riesgos de participación en grupos delictivos. De los egresados se podrían seleccionar los mejores candidatos para ser becados a cursos universitarios con la obligación, una vez graduados, de integrar por un tiempo determinado los cuadros de las unidades que llevarán a cabo la lucha de defensa de la soberanía.
El servicio militar obligatorio no debe ser una carga punitiva a ser evitada a toda costa, sino una oportunidad de participar en actividades provechosas y gratificantes. Las nuevas Fuerzas Armadas, reformadas, redefinidas y reequipadas, requerirán estos integrantes si han de llegar a cumplir a cabalidad su misión de custodiar la integridad y la soberanía territorial del país.