Por Gloria Ortega, socia del Club de Ejecutivos.
Gracias a un avance tecnológico, desde noviembre de este año ya se puede disponer del aplicativo y de la plataforma que hacen posible portar, en el móvil, cuatro documentos personales y del automóvil. Esto en coincidencia con los 100 días de gobierno del presidente Santiago Peña. Muchos se preguntarán para qué sirve si de todos modos estos documentos viajan con nosotros en la billetera o en la guantera de nuestros autos y no le ven mucho valor a llevarlos en el teléfono.
Para mí, sin embargo, hay un enorme hito detrás de este aplicativo disponible sin costo a la ciudadanía. Primero que nada, es un desarrollo elaborado, probado y lanzado en tiempo récord por una institución pública. En este caso el MITIC, que luego de unos días de estabilización hizo que quedara disponible a la ciudadanía.
Segundo, este aplicativo representa el inicio de aplicaciones que el ciudadano podrá incorporar a su teléfono móvil. Por ejemplo, su carpeta ciudadana, donde puede almacenar expedientes, documentos, imágenes, etc. Todas tendrán validez pública eliminando así carpetas, papeles, sellos, almacenamiento y eventualmente corrupción relacionada al manejo manual y con papeles de documentos públicos.
Y, tercero, el ciudadano podrá hacer cada vez más trámites públicos desde su móvil ahorrando tiempo, accediendo a información pertinente, inmediata y útil. Además de tramitar certificados, realizar consultas y gestionar múltiples trámites que hoy requieren incluso un gestor y presencialidad para ser realizados.
Me preguntan también si estas acciones eliminarán la odiosa corrupción, corrupción que se ve reflejada en la alteración de documentos por parte de las instituciones públicas encargadas de la custodia de los registros administrativos del Estado. La respuesta es que en el mundo digital, y como ya estamos viendo, también es posible alterar datos. Pero, en general, quedan rastros de quién los alteró, cuándo y con suerte el registro de las alteraciones mismas por parte de usuarios inescrupulosos que, utilizando los accesos que las instituciones les otorgan para operar los sistemas en el día a día, se aprovechan y alteran maliciosamente datos para favorecer a quien les paga o premia por hacerlo.
Recientes casos de conocimiento público, como la alteración del código rojo en Interpol o la emisión fraudulenta de títulos docentes, son solo la punta de una enorme estructura corrupta que lucra alterando datos en los débiles sistemas de información de algunas instituciones públicas.
Vale la pena, no obstante, mencionar otras que han aplicado mejores prácticas de rastreo y auditabilidad en el acceso y seguridad para evitar la alteración de registros, identificando plenamente a quien intente operar los sistemas fuera de la ley. Esta auditabilidad es mucho más difícil cuando los registros se encuentran en papeles almacenados en archivos con casi nula seguridad de acceso y manipulación.
La transformación digital llegó para quedarse. La portación de documentos en el móvil es solamente el inicio de una forma de interacción con el Estado. Lo que deberá traer más transparencia, trazabilidad y castigo para quienes mal utilizan estas nuevas herramientas. Las que precisamente sirven a los ciudadanos para ahorrar costo y tiempo, para el mejor control de los actos ilícitos y al Estado para visibilizar públicamente sus acciones.