Por Antonio Espinoza, socio del Club de Ejecutivos.
Desde la antigüedad los gobiernos tienen como uno de sus fines primarios lograr el bienestar para su población, lo cual se explicitó en la constitución de los Estado Unidos en 1789, que en su preámbulo expresa que uno de sus objetivos es “promover el bienestar general”. El mismo objetivo aparece en el preámbulo de la constitución paraguaya de 1870, y con diversas terminologías, el concepto se repite en las constituciones y programas de gobierno de la mayoría de los países del mundo.
Se atribuye a Peter Drucker, considerado como el padre de la teoría gerencial moderna, la expresión “lo que no se mide no se puede mejorar”. Pero este principio, tan aceptado en el mundo empresarial, ha estado notoriamente ausente en la gestión de los gobiernos en lo que respecta al bienestar. Se recopilan cuantiosos datos de diversos aspectos que hacen al bienestar, como mortalidad infantil, deserción escolar o desnutrición, pero hasta recientemente no se han integrado en indicadores comparables que reflejen en toda su compleja realidad el grado de bienestar de los habitantes de un país.
Llenando este vacío, y con el liderazgo del profesor Michael Porter de la universidad de Harvard, se creó en el año 2014 el Índice de Progreso Social, que integra 50 parámetros para llegar a indicadores que permiten comparar el bienestar entre 163 países, y el progreso o retroceso que han logrado con el transcurso del tiempo.
Hace un par de semanas se publicó el Índice de Progreso Social 2020, abarcando 163 países, que van desde Noruega en la primera posición con 92,7 puntos, a Sudan del Sur en la posición 163 con 31,1 puntos. Paraguay se encuentra en la posición 70, con 72,5 puntos.
Predeciblemente, se observa que hay una significativa correlación entre el ingreso per cápita de los países y su posición en el Índice, lo cual es de esperar: países ricos cuentan con mayores recursos para inversiones sociales y en infraestructura. Pero el dinero no es todo, ya que países con similar nivel de ingresos logran niveles de bienestar muy distintos.
El gran valor del Índice de Progreso Social es que compara los 50 componentes del índice con los 15 países que tienen un nivel de ingresos más parecido. Esto permite identificar áreas que podrían ser mejoradas, sin necesariamente requerir mayores recursos totales. En nuestro caso, los 15 países con los cuales somos comparados incluyen a Perú y Ecuador en nuestra región. En este grupo de países los mejores ranqueados son Armenia, en la posición 50, y Ecuador, en la posición 53. Los peores son Azerbaiyán en la posición 104 y Egipto en la posición 112, que se explica porque ambos son países que han soportado grave violencia social en los últimos años.
Comparados con este grupo, nos aplazamos en Acceso a educación de calidad, Suficiencia de educación secundaria, Acceso a servicios de salud de calidad, Acceso a la justicia, Corrupción, Influencia política por grupo social y por género, Universidades de calidad y Publicaciones citadas.
Estas falencias no son novedad, y tanto el gobierno como los gobernados deberían ser conscientes de que son aspectos para mejorar. Lo que nos muestra el Índice de Progreso Social es que, si otros países con el mismo nivel de desarrollo económico han logrado mejores resultados, también nosotros podemos hacerlo. No es cuestión de recursos, sino de voluntad política y definición de prioridades. Y por, sobre todo, una permanente demanda y presión de la ciudadanía.
El bienestar del pueblo es un compromiso constitucional. Exijamos su cumplimiento.
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