Reforma de la Caja Fiscal: un primer paso que debemos respaldar

Jorge Bernardes Mengual

Presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay

La reforma de la Caja Fiscal no es una opción política; es una obligación. El sistema previsional del sector público se encuentra en una situación crítica como consecuencia de décadas de decisiones poco responsables, marcadas por el cortoplacismo y el populismo. Beneficios otorgados sin sustento financiero, reglas desalineadas con la realidad demográfica y una constante postergación del debate generaron los problemas que padecemos hoy. Seguir mirando hacia otro lado ya no es posible.

Hoy, la Caja Fiscal gasta mucho más de lo que recauda: en los últimos quince años, el número de jubilados casi se duplicó, mientras que el de aportantes creció muy lentamente. En términos fiscales, el sistema pasó de un déficit marginal a uno cercano al 0,7% del PIB, cifra que, de acuerdo con la presentación del Ministro de Economía y Finanzas (MEF) ante la comisión permanente del Congreso Nacional, podría multiplicarse por cinco al término de la próxima década. Este desequilibrio implica menos recursos para la inversión pública, una presión creciente sobre las cuentas del Estado y un riesgo real para la sostenibilidad fiscal del país.

Desde el Club de Ejecutivos apoyamos la iniciativa de reforma presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Es un paso muy necesario para el futuro. La propuesta introduce correcciones importantes: eleva las edades de jubilación, ajusta la forma de cálculo de los haberes, elimina privilegios automáticos que nunca debieron existir y aumenta los aportes para sostener el sistema. Estas medidas permitirán frenar el deterioro inmediato de la Caja Fiscal y ordenar, aunque sea parcialmente, las reglas que estaban muy desalineadas. En el corto plazo, esta reforma evitará que el problema se profundice aún más.

Sin embargo, a pesar del avance propuesto, esta iniciativa resulta insuficiente al no abordar reformas institucionales de fondo. El sistema seguiría cargando regímenes especiales difíciles de justificar, beneficios adicionales desconectados de los aportes reales y, por sobre todo, una autonomía débil que facilita que la Caja Fiscal vuelva a ser utilizada como herramienta política. Así, el riesgo de repetir los mismos errores en el futuro seguirá intacto.

Aquí es donde el debate político debe ser claro y honesto. Ningún gobierno debería volver a caer en políticas populistas que prometen beneficios previsionales sin explicar quién los paga ni cómo se sostienen a lo largo del tiempo. Otorgar jubilaciones tempranas, tasas de reemplazo excesivas o privilegios sectoriales puede generar aplausos momentáneos, pero siempre termina en el mismo lugar: déficit, crisis y pérdida de credibilidad del Estado. Peor aún es pretender que el sector privado asuma el costo de ese populismo mediante impuestos. No es justo ni responsable trasladar a empresas y trabajadores formales el peso de decisiones políticas mal diseñadas.

También es necesario decir una verdad incómoda: cuando durante años se otorgan beneficios insostenibles, se genera en los funcionarios una legítima sensación de derecho adquirido. Por más que en esta propuesta de reforma no se verán afectados los jubilados actuales, la simple especulación de quitar o modificar esos beneficios después resulta socialmente dolorosa y políticamente compleja. Precisamente por eso, la responsabilidad debe ejercerse antes, no cuando el sistema ya está al borde del colapso. No podemos ni debemos repetir este ciclo.

Esta propuesta de reforma de la Caja Fiscal debe entenderse como un punto de partida, no como una solución definitiva. Y ese punto de partida debe fijar un estándar: rigor técnico, sostenibilidad actuarial y reglas estables. Ese mismo estándar —correspondencia entre aportes y beneficios, transparencia y equidad intergeneracional— debería aplicarse también, en una siguiente etapa, a las demás cajas previsionales que hoy no forman parte de esta reforma. Existe una presión recurrente y justificada para abordar con urgencia la situación del  Instituto de Previsión Social (IPS) y la de la Caja Parlamentaria, esta última involucrando a legisladores que deben intervenir en procesos de reforma, lo cual aumenta el desafío de ser muy serios en el debate, las propuestas y compromisos, ya que la sociedad reclama, cada vez más, coherencia a todas las partes involucradas. Sin lugar a dudas, estas instituciones deben ser prioridad en las subsecuentes reformas pendientes, para asegurar un manejo responsable que cuide con celo los recursos de los aportantes, los fondos públicos, además de los derechos jubilatorios.

En suma, Paraguay necesita una reforma previsional integral que piense a mediano y largo plazo, fortalezca la institucionalidad del sistema, elimine privilegios injustificados y, por sobre todo, que garantice reglas claras y sostenibles para las próximas generaciones. Necesitamos convocar a los mejores técnicos y representantes sectoriales para proponer y liderar estos procesos, apuntando a lograr que todo el sistema previsional sea autosostenible, sin que la ciudadanía deba salvar a las cajas con sus impuestos.

Desde el Club de Ejecutivos del Paraguay reiteramos nuestra disposición a contribuir al debate con seriedad técnica y compromiso con el país. Apoyamos esta reforma porque es necesaria. Pero advertimos con firmeza: sin una decisión política de abandonar el populismo previsional y de enfrentar el problema estructural, solo estaremos comprando tiempo.

Y el tiempo irresoluto, en materia fiscal, siempre se paga demasiado caro.