Por Antonio Espinoza, director del Club de Ejecutivos.
¡Ni que fuera que triunfamos en el mundial de Qatar! La noticia que el GAFILAT no nos iba a mandar a la temida “lista gris” de países no cooperantes generó inusual bulla y celebración, especialmente en círculos oficiales, empresariales y bancarios.
Anunciada por los diarios en tapa con tipografía negrita tamaño gigante, la novedad mereció mención especial en un discurso del presidente de la República; la Asociación de Bancos publicó declaraciones en los medios de prensa, y el equipo negociador difundió en las redes imágenes posando futbolísticamente con la bandera nacional desplegada.
Viendo el barullo, cualquiera pensaría que habíamos aprobado el examen como mejor egresado, con un cinco felicitado y aplausos, pero la realidad es otra. Raspando conseguimos un dos gracias a las reformas normativas realizadas en los últimos años, a la elocuencia y las promesas de nuestros representantes, quizás alguna optimista benevolencia de los examinadores, y un posible guiño interesado del Tío Sam. Todos conocemos las debilidades del país en el control, la persecución y la condena de los delitos financieros, especialmente el lavado de dinero. Los examinadores también las conocían y el riesgo de ser descalificados era grande.
Ingresar a la lista gris “hubiese sido catastrófica” –palabras del presidente Abdo– afectando todo lo relacionado a las operaciones financieras internacionales. Se nos percibiría como país de riesgo, se cancelarían cuentas y se perderían corresponsalías de nuestros bancos en los centros financieros mundiales, dificultando y encareciendo las transacciones.
Aunque nos salvamos de la lista gris, recién en setiembre se publicarán las observaciones y recomendaciones de los evaluadores, entre las cuales estarán los compromisos que el país ha asumido y que deberán ser cumplidos para mantenernos como país cooperante. No los conocemos aún, pero podemos presumir que se referirán, entro otras cosas, a la notoriamente pobre eficacia de nuestros fiscales y tribunales en lograr sentencias ejecutoriadas para las personas denunciadas e imputadas por delitos financieros.
Por un lado, está la sospechosa lentitud de la Fiscalía en investigar ciertos casos denunciados por la SEPRELAD y otros organismos, e imputar a los responsables. Por el otro lado, es noticia diaria, aunque ya no novedad, la interminable serie de impugnaciones, recusaciones y multifacéticas argucias y chicanas empleadas por los abogados defensores de los imputados, logrando demorar por años llegar a una sentencia. Esta es una parodia de justicia que permite que denunciados e imputados campantemente se candidaten y ocupen cargos electivos en el gobierno del país.
Aquí cabe una comparación con el caso Lava Jato en el Brasil, que se refirió a operaciones de lavado de dinero y corrupción. Las primeras imputaciones fueron en el año 2014, y para el 2016 ya estaban entre rejas tres ex presidentes de la república y poderosísimos empresarios como Marcelo Odebrecht, que contó con la defensa de los abogados más pintados del Brasil. ¿Cuáles son las normas legales en el Brasil que facilitan estas condenas expeditivas a delincuentes ricos y poderosos?
Urgen profundas reformas en la Fiscalía y de nuestro código de procedimientos penales para reducir las oportunidades de demoras injustificadas que impiden que exista una verdadera justicia en el país, tanto para inocentes como para los culpables. No será fácil porque son muchos los interesados en que el sistema continúe tal cual y que tienen posiciones que les permiten obstaculizar los cambios tan necesarios.
Pero por ahora, celebremos aliviados este resultado. Y asumamos el compromiso de impulsar las reformas tan necesarias para evitar el terrible daño al país que representaría ir a la lista gris. No hacerlo es una forma de traición a la patria.