Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos.

El Presupuesto General de Gastos está en pleno tratamiento en el Congreso, y luego de algunos años volvimos a ver ese desfile de instituciones que, al presentarse ante la comisión bicameral del presupuesto, solicitan enormes ampliaciones a la propuesta original presentada por el Ministerio de Hacienda.

Dichas ampliaciones suman alrededor de US$. 1.000 millones, lo que equivale aproximadamente a un 8% más del ya bastante ajustado --y deficitario-- presupuesto presentado por Hacienda.

Queda claro que será absolutamente imposible cumplir con todos esos pedidos. Pero persiste siempre el temor de que, finalmente, los actores políticos decidan salirse de un marco prudencial en un año que sigue siendo muy delicado por todos los impactos de la pandemia.

Lo que en realidad preocupa es esa suerte de patrón que se percibe respecto a la presión ejercida por muchos colectivos e instituciones públicas para demandar más y más beneficios. Y como tenemos por delante dos años bien “políticos”, esta presión solo va a aumentar.

Cuando se mira desde arriba, uno podría considerar que muchos reclamos tienen una justificación válida, pues se refieren a cuestiones esenciales para nuestra propia democracia y desarrollo, como ser los gastos en educación, salud, seguridad y protección social.

Por ejemplo, claro que los maestros deberían ganar mejor, las universidades nacionales invertir mucho más en sus funciones claves y la educación en general recibir mucho más presupuesto. Pero ¿realmente pensamos que, con las estructuras actuales, un aumento del gasto en muchas de estas instituciones va a generar resultados diferentes?

Cuando enfocamos la mirada y analizamos en detalle el funcionamiento y la lógica de incentivos en tantas de nuestras instituciones que reclaman más presupuesto, vemos que sus estructuras están prácticamente imposibilitadas de ofrecer resultados diferentes en términos de calidad en el servicio que brindan.

Esto nos indica que, sin algunas reformas puntuales y centrales --de las cuales venimos hablando hace tanto tiempo-- no vamos a obtener algo mejor de lo que tenemos actualmente.

Como mencionaba, la presión hacia el crecimiento de los gastos va a seguir estando presente y se irá acentuando incluso el próximo año. Y muy probablemente estas ideas encontrarán sus buenos impulsores y “campeones” en varios actores políticos que ya miran las próximas elecciones.

Sin embargo, ¿dónde podremos encontrar a los campeones e impulsores de las reformas?, al menos de aquellas que incluso ya se encuentran para su estudio en el congreso. La gran mayoría de los actores políticos no tendrán los suficientes incentivos para encarar estas luchas en este momento. Y el gobierno desde hace tanto tiempo se encuentra muy debilitado para gestionar políticamente lo que se precisa.

Esta realidad de incentivos alineados hacia una dirección, pero no hacia la otra, nos deja en una situación en extremo delicada y peligrosa para las finanzas públicas. Y especialmente para un bien público que habíamos logrado construir con mucho esfuerzo, la tan mentada estabilidad macroeconómica.

Dicha cuestión es una condición necesaria pero insuficiente para el desarrollo. Mas, si la empezamos a perder, menos aún podremos avanzar hacia lo realmente importante que es el verdadero desarrollo sostenible e inclusivo.

Entonces, vamos a enfrentar tiempos difíciles en donde no podemos dejar solo en manos de los actores políticos las principales decisiones. Los liderazgos del sector privado tendrán que involucrarse mucho más en la protección, no de sus intereses particulares solamente, sino de determinados bienes públicos que sean esenciales para todos.

Tenemos tantos ejemplos en la región de lo terrible que es para las sociedades caer en una espiral de descontrol de la cual es muy complicado salir.

Es el momento de estar muy atentos, y sobre todo proactivos.