Por Yan Speranza, past-president del Club de Ejecutivos 

Recuerdo que hace algunos años, en el zócalo de un periódico importante del país, se podía leer diariamente la siguiente frase: “consuma lo que el país produce”. Lógicamente, la frase intentaba despertar una suerte de conducta social que condujera a la ciudadanía a darle prioridad a los productos nacionales de calidad competitiva. Una propuesta loable sin dudas desde esa perspectiva.

Sin embargo, si consideramos el funcionamiento moderno de los mercados y desde una visión más profesional, la frase correcta en realidad debería ser: “produzca lo que el país consume”. Es decir, la oferta debe adecuarse siempre a la demanda y a las características de la misma, que varían según los contextos y los gustos cambiantes de los consumidores. Una obviedad para cualquier empresa que fabrica algún producto u ofrece algún servicio a un mercado determinado.

Traigo esto a colación porque en las últimas semanas ha aumentado la intensidad del debate sobre dos cuestiones que, en realidad, van por cuerdas separadas. Por un lado, el denominado Reglamento 1115, adoptado por la Unión Europea, y que dice básicamente que los 27 países de la Unión ya no permitirán que ingresen a sus mercados 7 materias primas y sus derivados si provienen de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre del 2020.

Dichas materias primas son: carne, soja, madera, palpa aceitera, cacao, café y caucho. Hay que recordar que en el Chaco de nuestro país está legalmente permitido el cambio de uso de suelo o la deforestación, bajo ciertas condiciones establecidas en las leyes y regulaciones locales. Es decir, aunque la producción de alguno de estos productos mencionados pueda ser perfectamente legal en nuestro país, el mercado europeo en particular ya no permitirá el ingreso de dichos productos si no cumple con la condición exigida.

En este caso, no se trata de una negociación con la Unión Europea. Ellos, de manera soberana han asumido unas condiciones para ingresar a sus mercados y, por supuesto, nuestros productores locales pueden, con igual soberanía, buscar adaptarse a las nuevas exigencias del mercado comprador (que paga mejor en muchos casos) o buscar otros mercados con otras características o requisitos. Una lógica pura de mercado.

Por otro lado, el Mercosur y la Unión Europea siguen en el proceso de cerrar un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, pero que se ha empantanado por un anexo ambiental que la UE pretende incorporar al acuerdo y que el Mercosur considera inadecuado, pues afecta sus intereses. Este sí es un espacio de negociación entre los bloques que evidentemente defienden sus posiciones en función a sus intereses, lo cual es absolutamente legítimo y a partir de ahí se intentará llegar a un acuerdo. De hecho, este acuerdo se viene negociando desde hace más de 20 años.

En ambas situaciones subyace con fuerza el tema ambiental. Es importante entender que la preocupación global por las consecuencias del cambio climático está generando cambios profundos en los mercados y esta es una tendencia que solo se va a profundizar.

Una mayoría abrumadora de científicos presentan evidencias cada vez más contundentes sobre el problema que estamos enfrentando en términos ambientales. Los consumidores tienen a su vez demandas cada vez más exigentes,  y esto afecta no solo a los modelos de negocios de las empresas sino también a la política, que genera nuevas regulaciones como la que he mencionado, entre tantas otras que irán apareciendo.

Esta tendencia es global. Y no se quedará solo restringida a la Unión Europea como algunos plantean. Entonces, mientras seguimos negociando como bloques impelidos por las reglas de ganar-ganar, las empresas deberán necesariamente adaptarse lo mejor y más rápido posible a las nuevas exigencias de los mercados.

 En definitiva, produzcamos lo que… y de la forma que el mundo demanda.